La Audiencia investigará a Rato y otros ex directivos de Bankia
La querella de la formación política acusa a los directivos y consejeros de "estafa, apropiación indebida (...) falsificación de cuentas anuales (...) un delito de administración fraudulenta o desleal (...) y un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas" en relación con el proceso de salida a bolsa de Bankia en julio de 2011.
En su auto, la Audiencia Nacional dijo que además de citar a los imputados -entre ellos el todavía consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, o el ex ministro del Interior Ángel Acebes- citará a declarar como testigos al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al presidente de la CNMV, Julio Segura, y al representante legal de la comisión rectora del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La ausencia de una investigación a fondo sobre el caso de Bankia y su controvertida salida a Bolsa -desde la cual acumula una caída bursátil de más del 70 por ciento- después de que el grupo pidiera su nacionalización y solicitara ayudas públicas por un importe global de 23.500 millones de euros, ha levantado ampollas en la sociedad española y han sido numerosas las manifestaciones ciudadanas pidiendo una investigación.
Después de la salida de Rato, que fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, el grupo revisó las cuentas de 2011 revelando unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros.
La apertura de estas diligencias es sólo la primera fase de la investigación sobre Bankia y, dependiendo del resultado de la misma, se juzgará si los hechos son constituyentes de delito.
"Con todas las diligencias pendientes de práctica, no es posible establecer de una manera concreta y definida el grado de responsabilidad indiciariamente exigible a cada uno de los querellados, debiéndose definir más adelante los precisos indicios racionales de criminalidad", según el auto.
La Audiencia Nacional ha requerido una extensa documentación a la entidad financiera, incluidas copias de las actas del consejo desde el 3 de diciembre de 2010 y de las actas que justificaron las peticiones de ayudas públicas del FROB.
El tribunal también ha pedido a las cajas que integran el SIP -Sistema Institucional de Protección, también conocido en el sector como "fusión fría"- de Bankia/BFA un desglose de las retribuciones a los miembros del consejo desde 2007.
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