martes, 3 de julio de 2012

Y porque tienen que tener un coche oficial que lo pagamos entre todos?


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AMENAZAN CON “ADOPTAR LAS INICIATIVAS OPORTUNAS”

El Supremo acusa al Gobierno de “desprecio institucional” por quitarles el coche oficial

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El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol (Efe).


Los diez magistrados de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) acusan al Gobierno de haberles tratado con “desprecio de su relevancia institucional” por retirarles el coche oficial días después de dejarles sin escolta policial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han quedado también sin protección, pero conservan el coche. El Ministerio del Interior ha reducido de 296 a 177 el número de vehículos destinados a protección (-40,20%)

Los magistrados se reunieron ayer y acordaron hacer público un acuerdo en el que se quejan del trato que el Gobierno les ha dispensado que, en su opinión, es claramente discriminatorio en relación con otras instituciones del Estado, a las que exigen se apliquen los mismos criterios de ahorro. “Lo sacrificios económicos que impone la situación económica –dice el texto- debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado, pero no puede aceptar que la medida adoptada se refiera única ya exclusivamente a este Tribunal, con desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia”.

La Sala de Gobierno va más allá de la simple queja y anticipa que si se demuestra que la retirada de los vehículos es una discriminación institucional “adoptaría las iniciativas oportunas”, que no especifica, y señala que “toma conocimiento” de la retirada de escoltas. Otra decisión que también ha causado un enorme malestar entre los jueces, que consideran siguen siendo hipotéticos objetivos de ETA, en el caso de que la banda volviera a atentar, y de las mafias y grupos de delincuencia organizada. El TS “confía” en que el Ministerio del Interior siga protegiendo a los magistrados “en función de las circunstancias de cada caso”.

Sólo Juan Antonio Xiol, que ostenta de manera interina la presidencia del Supremo por la dimisión de Carlos Dívar, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, mantienen la escolta policial y el coche oficial. El mismo status del presidente interino del CGPJ, Fernando de Rosa, aunque en el caso de órgano de gobierno de los jueces sus veinte vocales mantienen el coche oficial. También mantienen la escolta y el coche oficial Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional (TC); Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional (AN); el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la AN y el TS, entre ellos Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala Segunda de lo Penal, que ha renunciado a la protección porque entiende que su situación es la misma que la del resto de compañeros.

Malas formas

El TS se queja, por último, de las formas en que se le han comunicado los recortes, “que no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional”. Un portavoz de Interior manifestó ayer a este diario que Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad, comunicó la decisión directamente al afectado, en algún caso, o al presidente del Supremo para que fuese él el encargado de trasladarla. Un portavoz del Alto Tribunal dijo, en cambio, que las notificaciones se hicieron a través de la Comisaría de Policía del Supremo.

Los coches de que los magistrados disfrutaban hasta ahora formaban parte de la flota que el Ministerio del Interior asigna a las personas protegidas, que al dejar de estarlo pierden también el vehículo oficial. Sólo en algunos casos los coches pertenecen al Parque Móvil del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), al que tendrán que dirigirse los afectados (a través del Ministerio de Justicia), para intentar recuperar este privilegio.

El recorte en las escoltas llevado a cabo por Interior para ahorrar gastos generó fechas atrás una notable polémica en el mundo de la judicatura. El departamento lleva a cabo desde marzo pasado un plan de reducción de los servicios de protección al entender que el “cese definitivo” de la violencia anunciado por ETA en octubre del año pasado ha reducido de manera considerable las necesidades en este capítulo.

Así, los agentes dedicados a protección estática (en domicilios) ha pasado de 793 a 371, con una reducción de 422 agentes (-49,05%). Las protecciones dinámicas (las que acompañan a las autoridades en sus desplazamientos) han pasado de 1.303 agentes a 720 (-44,95%), lo que ha supuesto recuperar a 588 policías para otras funciones. La reserva sobre la identidad de las personas a las que retiran las escoltas la rompió Interior con los jueces, ya que aunque no especificó los nombres de los afectados, si concretó los únicos cargos que la mantendrían. Otra circunstancia más que ha enconado aún más las relaciones

1 comentario:

Enry Baskerville dijo...

Mamapi, gracias por dejarme tu comentario. Soy Anna Jorba Ricart, en mi último blog, en que me presento con un alter ego, el sabueso Enry.
Te mando mis saludos u mi deseo de que tengas un buen verano.
Anna