AMENAZAN CON “ADOPTAR LAS INICIATIVAS OPORTUNAS”
El Supremo acusa al Gobierno
de “desprecio institucional” por quitarles el coche oficial
El
presidente en funciones del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol (Efe).
Los diez
magistrados de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) acusan al Gobierno
de haberles tratado con “desprecio de su relevancia institucional” por
retirarles el coche oficial días después de dejarles sin escolta policial. Los
vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han quedado
también sin protección, pero conservan el coche. El Ministerio del Interior
ha reducido de 296 a 177 el número de vehículos destinados a protección
(-40,20%)
Los
magistrados se reunieron ayer y acordaron hacer público un acuerdo en el que se
quejan del trato que el Gobierno les ha dispensado que, en su opinión, es
claramente discriminatorio en relación con otras instituciones del Estado,
a las que exigen se apliquen los mismos criterios de ahorro. “Lo sacrificios
económicos que impone la situación económica –dice el texto- debe alcanzar a
todas las instituciones y órganos del Estado, pero no puede aceptar que la
medida adoptada se refiera única ya exclusivamente a este Tribunal, con
desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se
da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia”.
La Sala de
Gobierno va más allá de la simple queja y anticipa que si se demuestra que la
retirada de los vehículos es una discriminación institucional “adoptaría las
iniciativas oportunas”, que no especifica, y señala que “toma conocimiento” de
la retirada de escoltas. Otra decisión que también ha causado un enorme
malestar entre los jueces, que consideran siguen siendo hipotéticos objetivos
de ETA, en el caso de que la banda volviera a atentar, y de las mafias y
grupos de delincuencia organizada. El TS “confía” en que el Ministerio
del Interior siga protegiendo a los magistrados “en función de las
circunstancias de cada caso”.
Sólo Juan
Antonio Xiol, que ostenta de manera interina la presidencia del Supremo por
la dimisión de Carlos Dívar, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan
Saavedra, mantienen la escolta policial y el coche oficial. El mismo status
del presidente interino del CGPJ, Fernando de Rosa, aunque en el
caso de órgano de gobierno de los jueces sus veinte vocales mantienen el coche
oficial. También mantienen la escolta y el coche oficial Pascual Sala,
presidente del Tribunal Constitucional (TC); Ángel Juanes, presidente de
la Audiencia Nacional (AN); el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y un
reducido grupo de magistrados y fiscales de la AN y el TS, entre ellos Fernando
Grande-Marlaska, presidente de la Sala Segunda de lo Penal, que ha
renunciado a la protección porque entiende que su situación es la misma que la
del resto de compañeros.
Malas formas
El TS se
queja, por último, de las formas en que se le han comunicado los recortes, “que
no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional”.
Un portavoz de Interior manifestó ayer a este diario que Ignacio Ulloa,
secretario de Estado de Seguridad, comunicó la decisión directamente al
afectado, en algún caso, o al presidente del Supremo para que fuese él el
encargado de trasladarla. Un portavoz del Alto Tribunal dijo, en cambio, que
las notificaciones se hicieron a través de la Comisaría de Policía del Supremo.
Los coches
de que los magistrados disfrutaban hasta ahora formaban parte de la flota que
el Ministerio del Interior asigna a las personas protegidas, que al dejar de
estarlo pierden también el vehículo oficial. Sólo en algunos casos los coches
pertenecen al Parque Móvil del Estado (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas), al que tendrán que dirigirse los afectados (a
través del Ministerio de Justicia), para intentar recuperar este
privilegio.
El recorte
en las escoltas llevado a cabo por Interior para ahorrar gastos generó fechas
atrás una notable polémica en el mundo de la judicatura. El departamento lleva
a cabo desde marzo pasado un plan de reducción de los servicios de protección
al entender que el “cese definitivo” de la violencia anunciado por ETA en
octubre del año pasado ha reducido de manera considerable las necesidades en
este capítulo.
Así, los
agentes dedicados a protección estática (en domicilios) ha pasado de 793
a 371, con una reducción de 422 agentes (-49,05%). Las protecciones
dinámicas (las que acompañan a las autoridades en sus desplazamientos) han
pasado de 1.303 agentes a 720 (-44,95%), lo que ha supuesto recuperar a 588
policías para otras funciones. La reserva sobre la identidad de las personas a
las que retiran las escoltas la rompió Interior con los jueces, ya que aunque
no especificó los nombres de los afectados, si concretó los únicos cargos que
la mantendrían. Otra circunstancia más que ha enconado aún más las relaciones
1 comentario:
Mamapi, gracias por dejarme tu comentario. Soy Anna Jorba Ricart, en mi último blog, en que me presento con un alter ego, el sabueso Enry.
Te mando mis saludos u mi deseo de que tengas un buen verano.
Anna
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