queremos saber donde va nuestro dinero!!!!!

Los impagos de la Generalitat no solo afectan a las farmacias catalanas, sino también a los geriátricos con plazas públicas o concertadas. El sector denuncia “la asfixia” financiera que padece y que, según la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), en parte, explicaría el cierre de 25 centros el año pasado, cifra que podría crecer durante el 2013. “Estamos haciendo de avaladores de la administración”, denuncia su presidente, Andrés Rueda. Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios de la situación, algunas residencias han optado por repartir circulares a las familias notificando la deuda impagada que acarrea cada plaza. E, incluso, algunas de ellas han hecho aportaciones económicas para evitar que el servicio acabe resintiéndose.
La deuda pendiente de abonar por parte de la Generalitat alcanza los 31, 29 millones de euros, una cantidad que corresponde a la nómina impagada del mes de julio del año pasado. Los representantes del sector, además, se quejan de la lentitud a la hora de recibir las prestaciones económicas del Programa Individual de Atención (PIA) y de la incertidumbre del día en que cobrarán cada mes. “La factura de enero nos la abonaron el día 4 de febrero”, informa Rueda. Evidentemente, esta demora no contabiliza como “impago”, pero tiene un efecto negativo en las arcas de los centros: “Casi todos aplazamos el abono de impuestos, como el IVA, el IRPF, la Seguridad Social, con lo cual hacemos una pelota que todavía encarece más el producto”, dice el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella. Además, explica que “como nadie reconoce la deuda, el banco no les presta dinero”.
Solidaridad de los usuarios hacia los centros
Los trabajadores, la mayoría mileuristas, también se han visto afectados: el impago del mes de julio dejó a muchos sin la totalidad de una nómina o parte de ella, y en ocasiones cobran tarde la mensualidad. La consecuencia es que “los recibos llegan con recargos bancarios”. Esto, explica Rueda, desemboca en “un estrés ambiental” ya que los empleados están “más irascibles y tienen menos paciencia”. La situación es “caótica”, ratifica el vicepresidente de ASCAD, Iñaki Anton, y explica que los centros destinan el dinero que perciben entre un 90% y un 95% a cubrir gastos. También añade que la cantidad que abona la Administración por cada plaza pública está congelada desde hace tres años, lo cual reduce aún más el margen de beneficio.
Con el objetivo de hacer partícipe a los familiares de los usuarios de las dificultades por las que atraviesan los centros, algunos han empezado a repartir hace semanas circulares donde notifican la deuda que tiene cada plaza. Cuando los familiares ven las cifras “se solidarizan” con ellos y sienten “indignación de pensar que a una persona dependiente no se le está pagando lo que corresponde”, explica Botella. Cuando se produjo el impago de verano, Gregorio Manzano decidió hacer una aportación económica al centro donde está ingresada su madre. “El personal estaba nervioso porque veía que si eso iba a más, se quedaría sin trabajo”. Y añade que hay familias que "lo están pasando muy mal” económicamente y no se pueden permitir abonar lo que la administración “no paga”.
ILP contra los impagos de la Administración
El pasado 5 de marzo diversas patronales del sector y ASCAD presentaron ante el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindar al gran dependiente y elevar la obligatoriedad del pago a la resolución de las sentencias judiciales, es decir, al máximo nivel legislativo posible. También reclaman un calendario a la Administración catalana donde se comprometa a devolver el dinero atrasado. “Dar una fecha es imposible”, comentan fuentes de la Generalitat, ya que dada la situación "es difícil hacer el esfuerzo de poder pagar lo que se debe”.
El Govern recuerda que la ley de la dependencia tenía que ser sufragada a partes iguales entre Estado-Generalitat, “pero a la hora de la verdad el Gobierno español da una cantidad fija de dinero –que es la misma para todas las comunidades autónomas- sin tener en cuenta que el precio de la plaza en un centro catalán es más caro que en otros sitios”. Según estas fuentes, actualmente la Generalitat costea en un 80% las ayudas a la dependencia, mientras que el Estado abona el resto. También comentan que el Govern está trabajando en “una ley de la dependencia catalana” que promueva la “autonomía personal”. Y concluyen: “Si cada vez el Estado nos ahoga más recortando sus aportaciones a políticas sociales, la ley de la dependencia no será asumible”. Pero aún así, aseguran que se atiende a la gente “cuando toca”.
En esta línea el presidente de Upimir denuncia que otras comunidades, como Madrid, gastan menos de la mitad por persona dependiente que Catalunya, donde se genera “unos 1.000 euros de déficit” por plaza al mes. Y prosigue: “Cuando se hace una ley y no se tiene dinero es lo que ocurre”. Una de las propuestas de esta asociación de pequeñas y medianas residencias es “aumentar el copago” en función del nivel de renta de los usuarios


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mamapidice: Sr. Mas, que hace con el dinero que recibe del Gobierno? No paga a las farmaceuticas, ni a los geriatricos, debe un monton de dinero al Ayuntamiento de Barcelona. DONDE VA A PARAR NUESTRO DINERO????????????