Los sindicatos ganaron en 2011 más de 90 millones gracias a los ERE.
Los sumarios que la juez Alaya instruye en Sevilla están demostrando hasta qué punto un expediente de regulación de empleo (ERE) puede constituir una pesadilla para un trabajador, pero, al mismo tiempo, reportar beneficios a los sindicatos que lo protegen. A estos últimos no les hace falta caer en lo delictivo para obtener réditos de ellos; no en vano, muchos de las 373.380 personas que tuvieron que pasar por ese trago en 2011 quizá nunca lo sepan pero, aun cuando no estuvieran afiliados a ningún sindicato, estos tuvieron derecho a cobrar una media de 250 euros en concepto de "asesoría jurídica y técnica" a cada uno de ellos, que se descontó de la indemnización que finalmente cobraron por su despido.
Esa cantidad, multiplicada por las casi 380.000 personas que afrontaron un ERE, arroja unas ganancias de 93,3 millones de euros para las centrales, especialmente las llamadas mayoritarias, en el que fue el último ejercicio antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012.
Con el decreto Ley de hace ya más de un año, la negociación de este tipo de expedientes ha ganado en flexibilidad, pero hasta entonces se daban las condiciones para que empresarios y sindicatos se vieran enfrascadados en un proceso de diálogo arduo y prolongado, en el que se daba por supuesto que el único representante legítimo de todos los trabajadores eran los delegados del sindicato.
"En teoría, un trabajador tiene que dejar constancia por escrito de que quiere beneficiarse de la asesoría jurídica sindical", explican desde un importante bufete laboralista madrileño. Ahora bien, "casi nadie se toma la molestia de repartir ese tipo de hojas y, por lo tanto, las centrales asumen que, por defecto, ellos son los encargados de hablar en nombre de todos los empleados".
Hasta 400 euros
El coste medio de la asesoría forzosa ha llegado a ser de 250 euros, aunque podía ascender hasta 400 en algunos casos. Hay mucho margen para variaciones, debido al boom que ha experimentado esta forma de despedir desde que comenzó la todavía omnipresente crisis económica.
Cuando esta última se tradujo por primera vez en recesión del PIB, en 2009, el número de ERE presentados se triplicó con respecto a 2008, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y desde entonces, con escasos altibajos, se han mantenido en el entorno de los 20.000 anuales.
Pero no sólo ha habido cantidad, sino también variedad en la medida en que han afectado a todo tipo de empresas, desde multinacionales a pequeños negocios. Con todo, centrando la atención en los ERE de tamaño medio, es posible estimar que, en esos casos, "las ganancias que obtienen los sindicatos por esas regulaciones oscilan entre los 100.000 y los 300.000 euros", de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
Son cifras abultadas, que justifican el despliegue de medios que tanto CCOO como UGT han llevado a cabo para poder manejar el aluvión de ERE de los últimos ejercicios. Así, la central ligada a IU ha llegado a tener a 400 abogados laboralistas trabajando a tiempo completo en negociaciones de expedientes de regulación. En cuanto al sindicato del PSOE, para dar abasto han necesitado a cerca de 300 letrados
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