Esperemos que sea verdad lo de pagar la administracion, pero....

Llega el certificado de Eficiencia Energética de Edificios

11 abril 2013

Desde el 1 de junio, una nueva tasa gravará el alquiler o venta de viviendas. Desde la OCU damos la bienvenida a la medida, pero instamos a que el cargo de este nuevo certificado, que puede rondar los 300 euros, no recaiga en los ciudadanos, sino en la administración.

Si quieres conocer el coste, consumo y emisiones de tu vivienda en función de su etiqueta energética, provincia, tipo de construcción o superficie, accede a nuestra Calculadora de eficiencia de edificios.

El Real Decreto por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Existentes fue ratificado el pasado 5 de abril por el Consejo de Ministros, tal y como podemos leer en la página del Consejo.
Esta nueva norma, aplicada desde hace años en numerosos países de la Unión Europea, obligará a todos los propietarios de inmuebles que quieran venderlos o alquilarlos, con una duración superior a cuatro meses, a disponer de un certificado energético del inmueble desde el 1 de junio de 2013. La norma llegará con cinco meses de retraso, pues estaba contemplado que entrara en vigor el pasado 1 de enero.
La aprobación de la medida llega acompañada de medidas de estímulo, que se recogen en el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que conlleva una inversión hasta el año 2016 de 2.300 millones de euros. De ellos, se destinarán 1.500 millones a facilitar el acceso a la vivienda y 627 a la rehabilitación, regeneración y eficiencia energética. Con ello se pretende posibilitar la reactivación del sector de la construcción y una mejora en la calidad de nuestro parque inmobiliario.
En los próximos días será publicado el texto definitivo de este Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado y podremos sacar las conclusiones finales.

Que pague la administración

Desde la OCU damos la bienvenida a este tipo de medidas, que suponen ayudas y futuros ahorros para los ciudadanos al tiempo que permiten al país dinamizar la economía y cumplir con los objetivos ambientales marcados por la Unión Europea.
Eso sí, instamos a que el cargo de este nuevo certificado, que puede rondar los 300 euros, no recaiga en los ciudadanos, sino que sea la administración pública quien haga frente a este nuevo desembolso.