Vivir del Estado durante 19 años y 90 días
Las
prestaciones y subsidios concedidos por el Gobierno permiten a un ciudadano
«ganarse» la vida sin trabajar un solo día durante casi 20 años.
26 Agosto 12
- - David Ó. Gómez
MADRID- Pese
a los 4.587.455 parados registrados en el INEM, que le cuestan al Estado en
torno a 30.000 millones de euros, una persona puede vivir en España hasta 19
años y tres meses a costa de prestaciones y subsidios. Es la otra cara del
drama que viven millones de familias por el paro y la crisis: la legislación
española todavía permite la picaresca de los «profesionales» que juegan con las
reglas establecidas.
Un español puede cobrar la prestación por desempleo durante dos años. Tras agotar esta prestación, cuenta con un subsidio durante 30 meses en el caso de que tenga responsabilidad familiar. Después, puede acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) durante otros 33 meses más y, si es mayor de 55 años, dispondría aún de un nuevo subsidio que puede prolongarse durante 144 mensualidades. Todo esto suma un total de 231 meses (19 años y 90 días) viviendo directamente del Estado.
Este es el caso más extremo pero hay otros ejemplos llamativos. Si el parado no tiene responsabilidad familiar, entonces puede llegar a percibir ayudas estatales durante 207 meses (17 años y tres meses). Casos extremos como éstos suponen un lastre para la Administración en un momento de ajuste presupuestario.
Aparte hay que contabilizar al colectivo de personas que cobran subsidio por no haber cotizado el tiempo suficiente para obtener una prestación. Los mayores de 55 años cobrarían durante 21 meses el subsidio. Después les corresponderían otras 144 mensualidades y la RAI durante 33 meses más. Todo ello suma la nada despreciable cifra de 16 años y seis meses. Si el parado es menor de 55 años, cobraría durante dos años la prestación por desempleo más el subsidio por agotar el paro de 30 meses si tiene responsabilidad familiar y las 33 mensualidades de la RAI: serían siete años y tres meses viviendo a costa del Estado. En el caso de que no tuviera responsabilidad familiar, alcanzaría un total de cinco años y tres meses. Estas son algunas de las bondades del sistema español de protección por desempleo.
En un país donde ciertos núcleos de población han cultivado la cultura del subsidio, los recortes presupuestarios de comunidades y ayuntamientos se suman a los del Estado, y la situación se ha hecho insostenible. De ahí que el Gobierno se guarde bien las espaldas y, después de modificar algunas condiciones del Plan Prepara, estudie cómo adecuar esas ayudas a la situación actual para convertirlas en motor de empleo en vez de subsidio. Partidos de izquierda y sindicatos lo han aprovechado como punta de lanza para hacer oposición, por ejemplo con el retraso en la renovación del Prepara. Pero, ¿por qué no suscitó tanta polémica cuando Rodríguez Zapatero anunció la prórroga del Prepara un 23 de agosto, ocho días después de que concluyera?
Ahora el Estado se enfrenta al reto de sostener tanto el sistema de pensiones como el de la Seguridad Social. En cuanto a las pensiones, se ha retrasado la edad legal de jubilación de 65 a 67 años a partir del 1 de enero de 2013. A partir de entonces, la nueva normativa entrará en vigor, a razón de un mes cada año durante los seis primeros años, hasta 2018, y de dos meses cada año a partir de entonces, de forma que los primeros trabajadores que se retiren a los 67 años lo harán en 2027. Por otro lado, el número de afiliaciones a la Seguridad Social descendió en julio respecto al mes anterior en 604.613 personas. La cifra total es de 17.032.738 beneficiarios, un 3,43% menos que hace un año. De esta manera el superávit que obtuvo este organismo en la última década puede correr peligro.
Un español puede cobrar la prestación por desempleo durante dos años. Tras agotar esta prestación, cuenta con un subsidio durante 30 meses en el caso de que tenga responsabilidad familiar. Después, puede acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) durante otros 33 meses más y, si es mayor de 55 años, dispondría aún de un nuevo subsidio que puede prolongarse durante 144 mensualidades. Todo esto suma un total de 231 meses (19 años y 90 días) viviendo directamente del Estado.
Este es el caso más extremo pero hay otros ejemplos llamativos. Si el parado no tiene responsabilidad familiar, entonces puede llegar a percibir ayudas estatales durante 207 meses (17 años y tres meses). Casos extremos como éstos suponen un lastre para la Administración en un momento de ajuste presupuestario.
Aparte hay que contabilizar al colectivo de personas que cobran subsidio por no haber cotizado el tiempo suficiente para obtener una prestación. Los mayores de 55 años cobrarían durante 21 meses el subsidio. Después les corresponderían otras 144 mensualidades y la RAI durante 33 meses más. Todo ello suma la nada despreciable cifra de 16 años y seis meses. Si el parado es menor de 55 años, cobraría durante dos años la prestación por desempleo más el subsidio por agotar el paro de 30 meses si tiene responsabilidad familiar y las 33 mensualidades de la RAI: serían siete años y tres meses viviendo a costa del Estado. En el caso de que no tuviera responsabilidad familiar, alcanzaría un total de cinco años y tres meses. Estas son algunas de las bondades del sistema español de protección por desempleo.
En un país donde ciertos núcleos de población han cultivado la cultura del subsidio, los recortes presupuestarios de comunidades y ayuntamientos se suman a los del Estado, y la situación se ha hecho insostenible. De ahí que el Gobierno se guarde bien las espaldas y, después de modificar algunas condiciones del Plan Prepara, estudie cómo adecuar esas ayudas a la situación actual para convertirlas en motor de empleo en vez de subsidio. Partidos de izquierda y sindicatos lo han aprovechado como punta de lanza para hacer oposición, por ejemplo con el retraso en la renovación del Prepara. Pero, ¿por qué no suscitó tanta polémica cuando Rodríguez Zapatero anunció la prórroga del Prepara un 23 de agosto, ocho días después de que concluyera?
Ahora el Estado se enfrenta al reto de sostener tanto el sistema de pensiones como el de la Seguridad Social. En cuanto a las pensiones, se ha retrasado la edad legal de jubilación de 65 a 67 años a partir del 1 de enero de 2013. A partir de entonces, la nueva normativa entrará en vigor, a razón de un mes cada año durante los seis primeros años, hasta 2018, y de dos meses cada año a partir de entonces, de forma que los primeros trabajadores que se retiren a los 67 años lo harán en 2027. Por otro lado, el número de afiliaciones a la Seguridad Social descendió en julio respecto al mes anterior en 604.613 personas. La cifra total es de 17.032.738 beneficiarios, un 3,43% menos que hace un año. De esta manera el superávit que obtuvo este organismo en la última década puede correr peligro.
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