Un
expresidente de Caixa Penedés y tres exdirectivos de la entidad robaron,
presuntamente, a la entidad 31,6 millones de euros durante una década en
forma de fondos y pólizas de seguros, con el fin de garantizarse una
jubilación 'dorada'.
Así se
detalla en una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada este martes
ante la Audiencia Nacional, y que acusa a Ricardo Pagés (expresidente y
ex director general de la caja), Manuel Troyano (exdirector general), Santiago
Abella y Joan Caellas (ambos exdirectores generales adjuntos), de delitos
continuados de apropiación indebida o administración desleal con afectación
de los intereses generales.
El fiscal
Anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled, que ha investigado el caso,
cree que es especialmente sangrante lo ocurrido por el hecho de que la Caixa
Penedés, tras su integración con Caja de Granada, Caja de Murcia, y Sa Nostra,
de Baleares, recibió apoyo público del FROB (Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria) por valor de 915 millones de euros.
La querella
relata que Pagés (director general de Caixa Penedés entre 1996 y 2011, y
después durante unos meses presidente de la entidad) y su círculo de directivos
más próximos actuaron de común acuerdo para generar "obligaciones
económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando
a espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma".
Así, a
partir de 2001, acumularon fondos y pólizas en relación con la contingencia de
jubilación por importe global de 31.652.917,59 euros, de loa que a Pagés
correspondían 11,6 millones de euros; a Troyano, 6,1 millones de euros; a
Abella, 5,7 millones; a Caellas, 4,8 millones, y a un quinto directivo ya
fallecido, Jaume Jorba, otros 3,3 millones de euros.
De esas
cantidades, el fiscal considera que Pagés ha cobrado ya de forma efectiva
11,6 millones de euros; Abella, 1,8 millones; y el fallecido Jaume Jorba,
2,5 millones. Ni Troyano ni Caellas han cobrado de momento cantidad alguna, por
no haber cumplido los 60 años de edad, pero el primero de ellos ha presentado
contra la Caixa --que terminó echándole igual que al otro-- una demanda por
despido improcedente.
La querella
expone además las tretas que usaron los acusados cuando un decreto endureció en
2011 los controles en materia de retribuciones de directivos bancarios, ya
dentro del grupo Banco Mare Nostrum donde había confluido Caixa Penedés.
"Los
querellados eran plenamente conscientes de que el abusivo proceso de
suscripción de pólizas antes descrito podría salir a la luz, y si era
cuestionado se podría acabar dando al traste con sus ambiciones
económicas", señala Anticorrupción.
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