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08.02.2013 Madrid R.Ruiz /S.Saiz 4

Las inmobiliarias españolas esperan cada viernes que, en las resoluciones del Consejo de Ministros, se apruebe una norma vital para la viabilidad del sector. Se trata de la prórroga del real decreto ley 10/2008.



Esta disposición permite a las empresas no computar las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias.

Gracias a esta excepción legal, las compañías que por culpa de la pérdida de valor de sus activos tuvieran un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social, se libran de entrar obligatoriamente en causa de disolución.

Expirado el plazo de vigencia de la última prórroga, el pasado 4 de febrero, existen dudas en el sector de si se prorrogará un año más el decreto ley o, por el contrario, no habrá una cuarta disposición. Fuentes jurídicas destacan que la situación ha cambiado mucho en estos cinco años y que las exigencias de Europa podrían impedir una nueva moratoria.

De hecho, muchos despachos especializados en asesoramiento inmobiliario trabajan desde hace tiempo con la posibilidad de que no se prorrogue la moratoria, lo que produciría un goteo constante a lo largo de este año de concursos de acreedores y causas de liquidación por desequilibrio patrimonial en el sector inmobiliario.

Fuentes del sector apuntan a la banca como el principal interesado en lograr que el Gobierno no renueve el periodo de gracia a las inmobiliarias para completar en 2013 el saneamiento de sus balances que aceleraron en 2012. Las entidades presionan para que todos los sectores jueguen con las mismas reglas y se les apliquen los mismos criterios que a la banca nacionalizada con la constitución del Sareb, según fuentes jurídicas.

Efectos “nefastos”
 Las dudas no sólo se ciernen dentro del mundo jurídico. Desde el Ejecutivo no se aclara si existe una decisión sobre prorrogar el real decreto.

En el sector inmobiliario, al que más le afectaría esta decisión aunque no al único, no dudan en calificar de “nefastas” las consecuencias de no prorrogar el real decreto. “Los efectos son impredecibles porque afecta a muchas empresas, no sólo inmobilarias, y eso tendría un efecto directo en el empleo”, asegura José Manuel Galindo, presidente de la patronal de promotores Apce.

Desde el G-14, lobby que aglutina a las principales empresas del sector, como Martinsa Fadesa, Vallehermoso, Metrovacesa y Realia, aseguran que las consecuencias de no renovarlo sería “muy preocupante” no sólo para el negocio inmobiliario, sino también para el ámbito financiero.

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