Pequeñas y medianas empresas y autónomos deberán desembolsar unos 1.200 euros este año y en ejercicios sucesivos para hacer frente a una nueva normativa fiscal aprobada por el Gobierno, y que obliga a justificar que los precios abonados en determinadas operaciones (las denominadas vinculantes) se ajustan al mercado. Se trata de una ley pensada para evitar que las grandes empresas defrauden a Hacienda a través de falsas transacciones entre filiales. El problema es que su aplicación a autónomos o microempresas puede ser ruinoso por su elevado coste. Se trata de la ley 36/ 2006, que prevé que todas las empresas - independientemente de su tamaño-elaboren un documento en el que se demuestre que todas las transacciones que realizan (desde el pago de determinados salarios hasta los alquileres) se materializan a precio de mercado y que no son anormalmente altos o anormalmente bajos. De ser así se podría incurrir en fraude fiscal. La normativa ha puesto en pie de guerra a los afectados. La patronal Cecot considera que sólo para las microempresas y los autónomos puede alcanzar un coste global de 3.800 millones al año. Según cálculos de la Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (Apttcb), el coste para las pymes y las microempresas estará en 1.700 millones. La divergencia entre ambas cifras es que su aplicación es tan incierta que resulta complicado hacer previsiones fiables. "El problema es que no se han puesto límites y afecta por igual a todos", dice David Garrofé, secretario general de la Cecot. Garrofé pide que se eleve hasta 100.000 euros la cuantía de una operación vinculada a partir de la cual sea necesario documentarla. Fuentes del Ministerio de Economía dijeron haber recibido las peticiones de la Cecot y señalaron que las estudiarán. No obstante, destacaron las mismas fuentes que "la filosofía de la nueva norma no es provocar perjuicios sino promover la transparencia, luchar contra el fraude, etcétera". Según la legislación actual, si por ejemplo un zapatero autónomo trabaja en un taller propiedad de su mujer y a esta le paga un alquiler, estará obligado a elaborar un documento que justifique que el precio abonado por el alquiler es de mercado. El coste del informe, que debe renovarse cada año, ronda los 400 euros, según Cecot. También se deberá documentar (y pagar los correspondientes informes) en determinados casos que un autónomo paga un familiar por algún servicio prestado. La Cecot calcula que de media los autónomos y microempresas deberán documentar tres operaciones vinculadas, lo que a razón de 400 euros equivale a unos 1.200 euros anuales. El portavoz de Apttcb, Josep Maria Noguera, precisó que "será difícil realizar la comparación sobre todo en sectores o actividades poco frecuentes". Ese es el otro gran problema con el que se encuentran las empresas y sus asesores, puesto que no existe experiencia previa sobre esta cuestión.De aplicarse un límite máximo por operaciones de 100.000 euros como pide la patronal Cecot se eliminaría la exigencia para la pequeñas empresas y los autónomos. Garrofé recuerda que la amenaza por no contar con esa documentación es una sanción de 33.000 euros por cada una de las operaciones vinculadas no documentadas. La Aptccb considera que las multas serán algo inferiores, pero avisó de que la nueva normativa genera más complejidad, dudas interpretativos e inseguridad jurídica a las pymes justo en el peor momento.
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