abc/ LA LUPA
.La ministra de Sanidad anuncia que tiene un plan, pero mantiene el recurso contra el catálogo de medicamentosalfredo aycart / santiago
Día 23/07/2011HA tenido una ocurrencia Leire Pajín, y los socialistas lo celebran como si hubiese descubierto la penicilina. Aunque se trate de un plagio. La ministra de Sanidad ha recuperado la propuesta que esbozó en enero de 2010 su antecesora en el cargo, la también irrelevante Trinidad Jiménez, para anunciar ahora, en la fase terminal de su prescindible mandato, la intención de impulsar la prescripción de principios activos en todo el sistema de salud pública. El objetivo no es otro que intentar ahorrar en el resto de España lo que se ha economizado en Galicia, a su pesar, con la aplicación del catálogo de Pilar Farjas.
El estado mayestático de la necedad es el del ignorante que no se deja aconsejar, y en esa situación se ha situado hace ya tiempo la ministra empecinada. Cualquier cosa con tal de no aceptar la estrategia diseñada por la Xunta de Galicia para ahorrar en medicamentos. Afortunadamente, no tendrá tiempo de imponer su ocurrencia. Lo impedirá el próximo desalojo de un Gobierno integrado por algunos ministros que no tendrían acomodo ni como subalternos en cualquier gabinete en el que hubieran primado la sensatez y los conocimientos.
Al tiempo que anuncia su plan —Pajín tiene un plan, se saludan asustados en la ejecutiva del PSOE—, la hija de la tránsfuga mantiene inexorable el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional empeñada en conseguir la retirada del catálogo de medicamentos diseñado por Pilar Farjas para conseguir recursos que garanticen la viabilidad del sistema público de salud. De esa manera, de prosperar sus planteamientos, causaría un nuevo daño, esta vez irreversible, a los ciudadanos de una Comunidad ninguneada sistemáticamente por el ejecutivo socialista.
La prescripción por principio activo se planteó también hace tiempo en Galicia y se rechazó su aplicación porque a sus ventajas contraponía inconvenientes tan trascendentes como el deterioro de la relación de los facultativos con sus pacientes, el recelo de los médicos ante un sistema que menoscabaría sus funciones, y el exceso de responsabilidad que dejaría en manos de las oficinas de farmacia, obligadas a asumir la pesada obligación de determinar el medicamento que debería administrarse a cada paciente.
Ni siquiera parece que beneficie especialmente a la industria farmacéutica, un sector integrado por unas multinacionales caracterizadas por su generosidad con los colaboradores, que ha estado especialmente próximo al socialismo gobernante. Y es que el absurdo es tan evidente que podría darse perfectamente el caso de que un paciente debería modificar el medicamento con el que se trata en función de la coincidencia de las ofertas que pudieran realizar las grandes empresas para colocar sus productos.
Necesitaba Pajín demostrar algo antes de abandonar una responsabilidad que la supera, y lo que ha hecho es evidenciar de nuevo sus clamorosas carencias, agudizadas por el entorno hostil en el que la decisión de los ciudadanos ha convertido el otrora domesticado consejo interterritorial.
Los nuevos consejeros de Baleares, Asturias, Cantabria, Extremadura o Castilla La Mancha parecen menos proclives a aceptar sus vacuos eslóganes como dogmas de fe.
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