domingo, 25 de abril de 2010


Interior no descarta intercambios de sexo y drogas en Alcalá-Meco
• El ministerio admite «comportamientos deleznables» en la prisión madrileña

PATRICIA MARTÍN
MADRID
la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no descartó ayer que haya habido relaciones sexuales entre algunos funcionarios e internas de la cárcel madrileña de mujeres Alcalá-Meco, cuya dirección fue cesada el miércoles por no actuar ante la existencia de comportamientos «deleznables».
La responsable de Interior compareció para aclarar los hechos que han motivado que el Gobierno destituyera al director, al subdirector y al administrador de la prisión y abriera expedientes disciplinarios a dos funcionarios suspendidos de sus funciones. Gallizo explicó que la destitución de tres de los seis directivos del centro está motivada porque no actuaron «con la celeridad necesaria» ni con «el altísimo nivel de exigencia» que les corresponde.
Instituciones Penitenciarias tuvo conocimiento de que en Alcalá-Meco se estaban produciendo irregularidades a finales del año pasado a través de denuncias verbales de algunos funcionarios, todas ellas relacionadas con el consumo de alcohol, bien porque era introducido en la cárcel, bien porque algunos funcionarios llegaban ebrios a su trabajo. La investigación se abrió formalmente cuando una trabajadora denunció por escrito un incidente que se produjo la pasada Nochevieja. Según dijo, un compañero introdujo alcohol en la prisión y lo consumió con varias internas.

EL CESE / Instituciones Penitenciarias no ha podido confirmar este extremo, explican fuentes de la institución, porque hay testimonios contradictorios sobre lo que pasó aquella noche. No obstante, el funcionario fue suspendido cautelarmente porque sí está demostrado que salió de la prisión en horas de servicio.
El segundo incidente, calificado ayer por Gallizo de «extrema gravedad», tuvo lugar el 4 de abril cuando otro trabajador permaneció varias horas con dos reclusas en una celda. De nuevo, los testimonios recabados son «contradictorios», explican las mismas fuentes. Hay personas que relatan que les oyeron reír y escuchar música, mientras otros aseguran que mantuvieron relaciones sexuales.

LOS PRESUNTOS FAVORES / El diario 20 minutos recogió el testimonio de dos reclusas que denuncian que «las relaciones sexuales en Meco estaban a la orden del día». Según el rotativo, los funcionarios pasaban droga a las internas o les dejaban usar el móvil a cambio de sexo.
«No descarto nada», dijo ayer Gallizo, antes de especificar que, según los datos recogidos, «no hay constancia del manejo de drogas por funcionarios». La responsable de Interior añadió que la política de su departamento es de «absoluta contundencia y mano dura». Gallizo descartó además que los incidentes tengan que ver con la aplicación de la ley de igualdad, como denuncian algunos sindicatos, porque su aplicación ha supuesto el acceso de funcionarios hombres a cárceles de mujeres y viceversa.

Hasta 2007, había dos escalas en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la masculina y la femenina. Así, los funcionarios trabajaban con reclusos y las funcionarias, exclusivamente con presas, explica El Mundo.
No obstante, desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, en marzo de 2007, toda esta estructura cambió y se unificaron las escalas. Esto quiere decir que ahora funcionarios y funcionarias se presentan a las mismas oposiciones y pueden trabajar indistintamente en departamentos de mujeres o de hombres.
Los funcionarias, dice El Mundo, vienen denunciando graves problemas generadas a raíz de la aflicción de la nueva normativa en centros penitenciarios. Además, cuestionan que no se haya elaborado un estudio del impacto de género antes de aplicar la ley en las prisiones.
“No se están respetando las reglas y se está permitiendo que haya funcionarios en módulos de mujeres, cuando la normativa obliga a que haya al menos una persona del mismo sexo que los internos, por turno y por servicio”, dijo la empleada pública a El Mundo.
Las trabajadoras, relata el diario, se sienten discriminadas por la Ley de Igualdad y por ello han constituido la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup) para seguir adelante con sus reivindicaciones. Desde aquella plataforma denuncian que ellas se presentaron a unas oposiciones en las que optaban a menos plazas y hacía falta una mayor puntación y preparación.
Y es que las cárceles no se rigen por las mismas normas que una empresa. “La cárcel es un medio muy masculinizado y nosotras estamos más capacitadas para dialogar con las reclusas. El trabajo con los presos implica más acción física y es más peligroso, porque hay una mayor conflictividad”, dice otra funcionaria.
Esto ha afectado a rutinas habituales en una prisión, como por ejemplo, los cacheos. Los internos sólo pueden ser cacheados por internos de su mismo sexo. Por tanto, si un funcionario en un módulo debe cachear a una mujer con raquetas y no mediante palpación, dice El Mundo. “Los cacheos son nuestro principal instrumento de trabajo y se tienen que realizar a diario como medida de seguridad. Ahora, se está produciendo una relajación de funciones y una sobrecarga del trabajo porque, al final, los cacheos, las conducciones y los traslados los acabamos haciendo las mujeres”, dice la funcionaria al diario.
Lo mismo ocurre con las mujeres que trabajan en módulos de hombres, que también se encuentran más limitadas por tener menos fuerza física. “¿Qué hago si hay una pelea entre reclusos?. Desde luego, no me voy a meter en medio”, se lamenta otra trabajadora.
Las funcionarias se quejan así de la ley, que ha sido creada para defender los derechos de la mujer en realidad perjudica a todos. Ahora, los hombres tienen más opciones de acaparar los mejores puestos en los departamentos de mujeres, ya que suelen tener más puntos y mayor antigüedad, publica El Mundo.
Sus quejas sólo han recibido el silencio y el mutismo tanto d ela ministra de Igualdad como del Gobierno en su totalidad. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tampoco se ha manifestado al respecto, y son conocidas las declaraciones de Rubalcaba al respecto, diciendo ignorar el tema.
“Estamos desamparadas e indefensas. Queremos que se nos reconozca el derecho a elegir si queremos o trabajan con presos varones. Esta es la otra cara de la ley de Igualdad”, denuncian las funcionarias.

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