JOSÉ GARCÍA ABAD
Ecos de S.A.
| 12/marzo/2012
Cada día que pasa el contador del llamado “déficit de tarifa” continua su marcha implacable que ya ha alcanzado los 23.000 millones de euros.
El contador parece que se ha vuelto loco desde que los gobiernos de Aznar y luego de Zapatero aceptaron el concepto, o sea la diferencia entre las tarifas publicadas en el BOE y los costes de la producción, según las compañías eléctricas.
Es verdad que cuando el mecanismo fue diseñado por José Folgado a la sazón secretario de Estado de Energía del Ministerio de Economía, a las órdenes del vicepresidente Rodrigo Rato, dicho déficit era manejable.
Sin embargo tomó dimensiones alarmantes cuando Miguel Sebastián, ministro de Industria del gobierno Zapatero fijó unas primas exageradas para las energías renovables y poco oportunas pues sobraba capacidad productiva.
Se perpetuaba el peligroso “arbitrio” del escándalo, un mecanismo perverso que rigió durante la autarquía y el proteccionismo, perpetuando las ineficiencias productivas.
La liberalización del sector eléctrico y la entrada en un sistema de competencia con la separación de generación y distribución fueron decisiones acertadas pero a pesar de los avances constatados también era constatable que no se consiguió una competencia perfecta.
Un Gobierno, sea de derechas o de izquierdas, no puede desentenderse del precio de la electricidad que es un ingrediente universal para todo tipo de actividad, industrial o simplemente humana.
El recibo de la luz es sumamente electoralista y hoy las propias compañías reconocen que las tarifas domésticas hispanas están entre las más caras de Europa.
No creo que las eléctricas falseen sus cuentas para la fijación del déficit de tarifa pero los números pueden cantar de distinta forma según quien los dibuje.
Ahora no es el momento del peloteo de responsabilidades políticas pasadas sino de parar el enloquecido contador y encontrar una solución para que no vuelva a reproducirse el cáncer al que nos ha llevado el endemoniado mecanismo.
Lo más urgente es achicar dicho déficit y lo más importante establecer un sistema eficiente y justo para el futuro energético de este país.
Ninguna de estas tareas resulta fácil de abordar y mucho me temo que el ministro Soria tendrá que hacer equilibrios en el alambre y quizás cuadrar las cuentas a martillazos.
Deberá repartir el pago de la factura entre los consumidores (el recibo de la luz), los contribuyentes que también son consumidores (los Presupuestos del Estado), y las empresas, las compañías eléctricas y las renovables, básicamente las termosolares.
Estas últimas, eléctricas y termosolares, que tienen intereses contradictorias, cuentan con lobby poderosos que ahora se amparan en el eufemismo mas respetable de “grupos de interés”.
No ocurre lo mismo con los consumidores y contribuyentes, huérfanos de lobby y siempre expuestos al lobby feroz de los grupos de interés.
En buena lid los intereses de usuarios y contribuyentes deberían ser asumidos, junto con otras exigencias del interés general, por el Gobierno de la nación.
Me ha sorprendido favorablemente que, según informaba ayer en El Mundo Baltasar Montaño, parece que el ministro de Industria, José Manuel Soria, no va a ablandarse en exceso ante las eléctricas.
No solo les recortará los ingresos que cobran estas por llevar la luz hasta el cliente final sino que tendrán que devolver los 2.500 millones de euros que cobraron de más en la pasada década a través de los llamados “Costes de Transición a la Competencia”.
Habría también mucho que hablar sobre ese mecanismo surrealista de los CTC a la hora de realizar un buen relato histórico sobre el poder eléctrico.
José García Abad es periodista y analista político
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