TODOS TENEMOS QUE AHORRAR...

Las empresas empresas públicas que Rajoy cerrará para ahorrar
El Gobierno extingue 24 empresas públicas, el 17% del total «Había que poner orden en casa». Con estas palabras resumió ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las razones por las que el Consejo de Ministros ha sacado la tijera y ha decretado el recorte del sector público empresarial en lo que será la primera piedra de la reforma de la administración, tal y como adelantó ABC en su anterior edición.

El plan de reestructuración y racionalización del sector público y fundacional—así llamado oficialmente— conlleva la extinción, fusión, desinversión o aceleración de la liquidación de 80 sociedades, actuando sobre un tercio de todos los grupos públicos. Se declara así el cierre de 24 empresas, el 17% de las sociedades estatales; la venta de ocho sociedades, el 6%; la desinversión minoritaria de otras 35, y se acelera la liquidación de 13 sociedades o el 9% del conglomerado.Como resultado, el Estado dejará de pagar los sueldos y dietas de 154 consejeros que serán destituidos de sus cargos con el consiguiente ahorro de 1,83 millones de euros anuales solo por este concepto, según detalló Sáenz de Santamaría.

Consejeros sin plantilla
A este importe habrá que añadir los réditos que se obtendrán posteriormente con el aprovechamiento de los edificios públicos que estén ocupando estas empresas o, en su caso, de la extinción de los contratos de alquiler de los inmuebles. Para hacer la cuantificación del ahorro total, habrá que esperar a que el plan haya finalizado, explicó la vicepresidenta.

Frente a la suerte que correrán los consejeros, el ajuste no afectará a las plantillas. Los trabajadores con la condición de funcionarios serán absorbidos por otras empresas estatales. No obstante, las citadas empresas no tienen tantos empleados como pudiera parecer, ya que entre las sociedades que el Gobierno ha decidido extinguir hay abusos tales como que muchas de ellas carecen de trabajadores —solo tienen consejeros— o que el total de su plantilla es inferior al número de sus administradores. De esta forma, seis de las 24 empresas que se van a extinguir no tienen plantilla y otras tres tienen menos de diez empleados.

Un coloso sin criterio
Y es que, en los últimos años, el conglomerado público empresarial no ha engordado con criterios de eficiencia o de necesidad —cubrir actividades no desarrolladas por la iniciativa privada o instrumentar políticas públicas de inversión—, sino con el objetivo de huir del derecho administrativo.

Es decir, muchas de estas sociedades se constituyeron porque se beneficiaban de menores controles sobre sus presupuestos, contrataciones, patrimonio y, sobre todo, porque quedaban libres del régimen retributivo-funcionarial: es decir, pueden pagar mayores sueldos que el resto de la Administración.

Pero otra muestra del desbarajuste son las actividades a las que estaban dedicadas. Entre las sociedades afectadas se encuentran varias inmobiliarias, parques comerciales o empresas de suelo, remolques, infraestructuras, logística o servicios —gastronómicos y pesqueros incluidos—que presta el sector privado sin existir, por tanto, justificación para su titularidad pública.

Dos décadas sin trabajo
Es el caso de la Inmobiliaria París, Quality fish, Quality Food, Residencial Langa, Inmobiliaria de Promociones y Arriendos, la Sociedad de Remolcadores del Noroeste, la Inmobiliaria de la zona franca de Cádiz, Remolques Marítimos o la polémica Sociedad Pública de Alquiler creada (SPA) por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con escaso éxito.

Junto con estas sociedades, siguen existiendo empresas creadas hace décadas para fines temporales o actividades que hoy carecen de razón de ser y también serán reestructuradas. En esta situación se encuentran la Sociedad Altos Hornos Ensidesa Capital, Carmen La Comida de España 1992, Barcelona Holding Olímpico, V Centenario (Sociedad General para la ejecución de programas y actuaciones conmemorativas del quinto centenario del descubrimiento de América), IZAR Construcciones Navales.

Más rentabilidad
Pero esta reorganización va más allá del recorte y persigue también reordenar y reestructurar empresas públicas rentables para hacerlas más eficientes económicamente a través de la fusión. Es el caso de INSA (Sociedad estatal de ingeniería y servicios aeroespaciales) que será fusionada con Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España). Ambas dependen del Ministerio de Defensa y la primera tuvo beneficios el año anterior por siete millones de euros.

En el mismo caso se encuentran Acuanorte y Acuasur. Las dos son sociedades estatales de aguas, con la diferencia de que la primera se dedica a la cuenca del norte y la segunda a la cuenca del sur. Ahora compartirán, como mínimo, presidente y consejo. Las fundaciones estatales tampoco escaparán de este plan de adelgazamiento y nueve de ellas se extinguirán o fusionarán.

Las autonomías, después
El proyecto del Gobierno, no obstante, es ir más allá y, tras esta primera fase que afecta solo al Estado Central, entrar en un segundo capítulo en el que serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los encargados de meter la tijera a sus conglomerados empresariales y fundacionales.

De hecho, la vicepresidenta recordó ayer que las autonomías se comprometieron en 2010 a reducir en un 25% sus sociedades y que este objetivo no se ha cumplido, por lo que el Gobierno les impondrá en las próximas semanas un nuevo objetivo aún más ambicioso y vigilará su cumplimiento. Después, llegará el turno de la eliminación de duplicidades con las comunidades y la reorganización de las competencias. Ahí es nada.


ABC.ES

Mamapidice:

Sólo 2 millones de euros de ahorro???? SON 154 CONSEJEROS!!!! No me salen las cuentas.