Ana Mato junto a Esperanza Aguirre, Fátima Báñez y José Manuel Soria, entre otros asistentes al acto. | Chema Moya / Efe
- El fraude ha sido detectado al cruzar las bases de datos de cara al copago
- Sanidad halló que 800.000 personas tenían tarjetas que no les correspondían
- De ellas, 600.000 se debía a errores y 200.000 a situaciones de fraude
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha revelado que su departamento ha descubierto que 200.000 personas tienen una tarjeta sanitaria de pensionistas cuando son activos. El fraude ha sido detectado al cruzar las bases de datos del Ministerio con el de Hacienda ante la puesta en marcha del copago farmacéutico el próximo 1 de julio.
En este procedimiento, Sanidad halló que 800.000 personas tenían una tarjeta que no les correspondía, pero al hacer una investigación más profunda encontró que 600.000 se debía a errores, quedando los 200.000 ya citados que están en situación de fraude.
Según la ministra, esas 200.000 personas "no estaban pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista, cuando tenían rentas suficientes como para afrontar ese pago".
Mato ha dado a conocer este dato y también ha avanzado ventajas fiscales para familias numerosas en en el Foro Ideas+Diálogo al que también han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ministros como el de Economía, Luis de Guindos, Industria, José Manuel Soria, Empleo, Fátima Báñez, Hacienda, Cristóbal Montoro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
En cuanto a las reticencias mostradas por varias Comunidades Autónomas frente al 'copago' y a sus dificultades para poder implementarlo en la fecha prevista, el 1 de julio, Mato ha dicho que ni se plantea que algún Ejecutivo autonómico "incumpla" la Ley.
La titular de Sanidad no ve necesaria una moratoria porque el Gobierno lleva "meses trabajando" con las Comunidades para que la medida entre en vigor sin dificultades el próximo domingo.
Ha reconocido, no obstante, que se pueda producir algún problema "puntual" que "ya ocurre" en estos momentos por lo que, si algo importante falla, "se trataría más bien una cuestión política", puesto que todas las regiones cuentan con los datos para aplicar la medida.
Las divergencias existentes sobre cómo se llevará a cabo el reembolso a los pensionistas que excedan la cantidad estipulada de entre 8 y 18 euros mensuales a la hora de adquirir medicamentos es algo, en opinión de Mato, que corresponde a la gestión autonómica y que entra dentro de sus competencias.
No obstante, el Ministerio trasladará una propuesta al Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles para que las Comunidades Autónomas les ingresen lo que exceda de los topes de forma "trimestral o semestral" en la cuenta donde reciben su pensión, de modo que se establezca un acuerdo homogéneo en todo el Estado.
Mato ha expresado su confianza en que por la "vía del diálogo" se arreglen las diferencias con la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado que recurrirá el decreto de ahorro sanitario, mientras que el Ejecutivo vasco prepara un recurso contra el nuevo "copago".
"Lo importante es llegar a acuerdos, estoy segura de que esta vía abierta fructificará", ha dicho con optimismo la ministra, quien ha aventurado que el ahorro que se lograra con la reforma sanitaria se elevará hasta los 7.400 millones de euros.
También ha adelantado que "en el futuro" se adoptarán medidas para que las familias numerosas paguen menos por los medicamentos, algo que no ha podido hacerse ahora por "motivos técnicos".
La responsable de Sanidad ha expuesto que estas medidas son "necesarias", aunque exijan "sacrificios", junto con otras como la desfinanciación de los fármacos para dolencias menores y de los que han quedado obsoletos, actuación ésta última que se planteará en la reunión del miércoles.
En este línea, ha puntualizado que desde 2003 la deuda sanitaria de España ha crecido un 173%, al pasar de 300 millones de euros a 16.000 en tan sólo estos últimos años.
Pese a las críticas del PSOE a la reforma sanitaria, ha argüido que "no hay cambio de modelo sino la garantía de su mantenimiento" en el futuro.
En materia de igualdad, ha informado de que el Gobierno llevará a cabo iniciativas para "que el silencio no siga siendo el mejor cómplice de los maltratadores", tras conocerse que de las 25 asesinadas este año solo cuatro mujeres habían denunciado previamente su situación.
En este procedimiento, Sanidad halló que 800.000 personas tenían una tarjeta que no les correspondía, pero al hacer una investigación más profunda encontró que 600.000 se debía a errores, quedando los 200.000 ya citados que están en situación de fraude.
Según la ministra, esas 200.000 personas "no estaban pagando medicamentos porque tenían la tarjeta de un pensionista, cuando tenían rentas suficientes como para afrontar ese pago".
Mato ha dado a conocer este dato y también ha avanzado ventajas fiscales para familias numerosas en en el Foro Ideas+Diálogo al que también han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ministros como el de Economía, Luis de Guindos, Industria, José Manuel Soria, Empleo, Fátima Báñez, Hacienda, Cristóbal Montoro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Tarjetas 'puestas al día'
La ministra ha afirmado que los 45 millones de usuarios de la Sanidad pública ya tienen asignado el código que indica lo que deberán pagar, al tiempo que sus tarjetas sanitarias "están puestas al día".En cuanto a las reticencias mostradas por varias Comunidades Autónomas frente al 'copago' y a sus dificultades para poder implementarlo en la fecha prevista, el 1 de julio, Mato ha dicho que ni se plantea que algún Ejecutivo autonómico "incumpla" la Ley.
La titular de Sanidad no ve necesaria una moratoria porque el Gobierno lleva "meses trabajando" con las Comunidades para que la medida entre en vigor sin dificultades el próximo domingo.
Ha reconocido, no obstante, que se pueda producir algún problema "puntual" que "ya ocurre" en estos momentos por lo que, si algo importante falla, "se trataría más bien una cuestión política", puesto que todas las regiones cuentan con los datos para aplicar la medida.
Las divergencias existentes sobre cómo se llevará a cabo el reembolso a los pensionistas que excedan la cantidad estipulada de entre 8 y 18 euros mensuales a la hora de adquirir medicamentos es algo, en opinión de Mato, que corresponde a la gestión autonómica y que entra dentro de sus competencias.
No obstante, el Ministerio trasladará una propuesta al Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles para que las Comunidades Autónomas les ingresen lo que exceda de los topes de forma "trimestral o semestral" en la cuenta donde reciben su pensión, de modo que se establezca un acuerdo homogéneo en todo el Estado.
'Las leyes tienen que cumplirse'
"Llevamos meses trabajando, no tengo la menor duda de que la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas están de acuerdo y preparadas", ha insistido, para agregar que ni siquiera se plantea que alguna no lo haga, ya que "tienen que dar ejemplo y las leyes tienen que cumplirse".Mato ha expresado su confianza en que por la "vía del diálogo" se arreglen las diferencias con la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado que recurrirá el decreto de ahorro sanitario, mientras que el Ejecutivo vasco prepara un recurso contra el nuevo "copago".
"Lo importante es llegar a acuerdos, estoy segura de que esta vía abierta fructificará", ha dicho con optimismo la ministra, quien ha aventurado que el ahorro que se lograra con la reforma sanitaria se elevará hasta los 7.400 millones de euros.
También ha adelantado que "en el futuro" se adoptarán medidas para que las familias numerosas paguen menos por los medicamentos, algo que no ha podido hacerse ahora por "motivos técnicos".
La responsable de Sanidad ha expuesto que estas medidas son "necesarias", aunque exijan "sacrificios", junto con otras como la desfinanciación de los fármacos para dolencias menores y de los que han quedado obsoletos, actuación ésta última que se planteará en la reunión del miércoles.
En este línea, ha puntualizado que desde 2003 la deuda sanitaria de España ha crecido un 173%, al pasar de 300 millones de euros a 16.000 en tan sólo estos últimos años.
Pese a las críticas del PSOE a la reforma sanitaria, ha argüido que "no hay cambio de modelo sino la garantía de su mantenimiento" en el futuro.
En materia de igualdad, ha informado de que el Gobierno llevará a cabo iniciativas para "que el silencio no siga siendo el mejor cómplice de los maltratadores", tras conocerse que de las 25 asesinadas este año solo cuatro mujeres habían denunciado previamente su situación.
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