Estan de M... hasta el cuello!!!!

Valadez, "el adalid de la legalidad", ocultó un desfalco de 16.661,96 euros en el Consistorio de Estepona en 2010 Una empleada se apropió de esa cantidad con el mismo modus operandi que el investigado ahora por el Ayuntamiento y el entonces alcalde permitió que siguiera trabajando Han pasado ya dos años de los hechos, y ahora Diario Sol ha conocido la noticia, confirmada desde el propio gabinete de prensa de la Diputación de Málaga. Los hechos, según nos relatan, son los siguientes: 2010. Época en la que era alcalde de Estepona el socialista David Valadez. Una empleada del Consistorio, encargada de recaudar impuestos municipales para posteriormente remitirlos al Patronato Provincial de Recaudación recibe de un vecino de la localidad 16.661,96 euros, correspondientes al pago de 5 Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI). Tras recoger el dinero emite una carta de pago "no verdadera", según fuentes oficiales, y "se quedó el dinero". Este cuidadano, un tiempo después, se dirige al Patronato a solicitar un documento en el que se refleje que no tiene cargas, cuando se encuentra la desagradable sorpresa de que los cinco inmuebles aparecen con sus correspondientes IBIs pendientes de pago. Es entonces cuando este vecino presenta la carta de pago que había recibido al hacer entrega del dinero. El Patronato de Recaudación, con su anterior Presidente, Cristóbal Torres Blanca a la cabeza, presentó al Consistorio un informe en el que comunicaba las irregularidades. Un informe que salió del propio Patronato dirigido directamente al entonces alcalde, el socialista David Valadez. No obstante, según la información facilitada desde el gabinete de prensa de Diputación, el socialista no hizo nada al respecto, simplemente obligó a la empleada a devolver el dinero sustraído. Nos aseguran que ni se emprendieron medidas legales, pero tampoco laborales, ya que la empleada siguió formando parte de los trabajadores del Ayuntamiento esteponero. Algo que llama poderosamente la atención, cuando David Valadez ha presumido y presume constantemente de transparencia y de ser defensor acérrimo de la Justicia. ¿Por qué en aquella ocasión no acudió a los juzgados? y ¿por qué tampoco salieron a la luz los hechos ocurridos a pesar de su gravedad? Ahora en manos de García Urbano Ahora, el actual Presidente del Patronato, José Alberto Armijo y el gerente del organismo, Luis Díaz, han remitido al actual equipo de Gobierno copia del escrito enviado a Valadez el 23 de marzo de 2010. Por tanto, José María García Urbano podría emprender medidas legales si lo estima oportuno, ya que como delito de malversación de caudales públicos, no prescribe hasta diez años después de los hechos. Curiosamente este mismo modus operandi de anulación de cartas de pago es el que está siendo ahora investigado por el Consistorio y la Policía Nacional y que podría superar ya los 200.000 euros. OTRAS NOTICIAS • Concluye el registro en el Ayuntamiento de Casares tras casi doce horas de trabajo de agentes de la Guardia Civil y la Policía Judicial • Cuatro detenidos, entre ellos el exalcalde de Casares, Juan Sánchez y su mujer, en una trama de blanqueo de capitales en la Costa del Sol El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga) ha decretado la detención, hasta el momento, de cuatro personas relacionadas con una presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística en el municipio malagueño de Casares, según han informado fuentes judiciales. Entre los arrestados está el exalcalde Juan Sánchez (IU) y su esposa, según fuentes de la investigación. El caso comenzó a investigarse en dicho juzgado a finales de 2010 y se encuentra bajo secreto de sumario, según han señalado las fuentes judiciales. Por ahora, se ha ordenado la entrada y registro en 14 inmuebles, entre ellos el Ayuntamiento de Casares, la vivienda del exregidor y el despacho de un abogado de Estepona, que también habría sido detenido. En total, se han bloqueado 175 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos. Los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. No obstante, fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que no se descarta que se produzcan más arrestos, puesto que la investigación continúa abierta. En esta causa, en la que interviene la Fiscalía Anticorrupción, se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y contra la Hacienda Pública. Juan Sánchez abandonó el cargo como regidor de esta localidad malagueña en marzo de 2009 para dedicarse en exclusiva a la gestión de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Agentes de la Policía Judicial y la Guardia Civil vestidos de paisano se han personado a las 08.20 horas de este lunes en el Consistorio y han solicitado a la actual alcaldesa, Antonia Morera, también de IU, "colaboración y diversa documentación relacionada con un proyecto urbanístico", según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado. Morera ha asegurado que están "muy tranquilos" ante la investigación que se está llevando a cabo y ha manifestado que están colaborando con todo lo que están solicitando los agentes de la Guardia Civil. Ha señalado que ya antes "nos habían pedido documentación y la hemos facilitado; estamos con mucha tranquilidad porque nos están pidiendo documentación y estamos trabajando para que también puedan hacer su trabajo". La alcaldesa, quien ha tranquilizado a los vecinos y ha afirmado que les dará explicaciones "en cuanto esto acabe", ha añadido que se ha puesto en contacto con los ediles de la oposición para explicarles la situación. Igualmente, ha incidido en que los trabajadores municipales están "muy tranquilos" y que las puertas del Ayuntamiento se han cerrado "para facilitar la labor de los investigadores" del caso. Desde Izquierda Unida han mostrado su disposición a mantener la "máxima" colaboración en la operación y han recordado que la coalición "siempre ha apostado por que se investigue a fondo cualquier caso y en este caso no podía ser de otra forma", por lo que desde la dirección provincial "se ha instado al equipo de gobierno de Casares a colaborar con la investigación, cosa que ha hecho ahora y en otras ocasiones en las que le ha sido requerida alguna información". Así, han especificado que "en virtud de lo que arroje la investigación en curso, los extremos y responsabilidades que se deriven de la misma, IU aplicará el código ético de la coalición". Dado que la investigación sigue en curso y "para evitar entorpecer la misma, la dirección provincial quiere ser prudente y no realizar declaraciones que no contribuyan en nada al esclarecimiento total", han afirmado en un comunicado.