La Fiscalía de Algeciras (Cádiz) investiga si 13 muertes de recién nacidos registradas en los años 60 en esta zona podrían ser casos de robos de bebés y, para ello, ha pedido a la Policía que emprenda las diligencias para esclarecer estas sospechas. El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, explicó ayer que ha trasladado a la Policía esta petición como continuación de las diligencias que él mismo emprendió de oficio el pasado mes de junio.
Cisneros emprendió estas diligencias a raíz del "goteo" de denuncias en los medios de comunicación de familiares de aquellos bebés, en unas circunstancias que les hacían sospechar que los recién nacidos no murieron tras el parto, como les dijeron a sus padres, sino que fueron entregados a otras familias. La Fiscalía de Algeciras recogió información de 13 casos sospechosos ocurridos en su área de competencia, en nacimientos que se produjeron en el antiguo hospital municipal de La Línea y en una clínica de la misma localidad, ambos desaparecidos ya, y la mayoría de ellos entre 1965 y 1970, aunque también hay un caso muy posterior, en los ochenta. Para ello recogió la documentación aportada por las familias, porque "ya tenían recorrido mucho" en las investigaciones de sus sospechas, y ahora se completarán con el trabajo de la Policía judicial para ir componiendo "las piezas de un puzzle".
El fiscal cree que es "lógico" que el ministerio público investigue "cualquier denuncia de un posible delito" y también que se apoye en la Policía Judicial para aclarar un "fenómeno extraño" en el que confluyen unos mismos centros hospitalarios y una misma época. El hecho de que estos hospitales ya no existan, que sus archivos no estuvieran regidos por los controles actuales, y la lejanía en el tiempo hace que todo sea "más difícil de investigar". El fiscal considera que no se puede hablar de una posible prescripción de los delitos porque aún no se ha determinado de qué tipos delictivos se tratan. "Si por ejemplo se hubiera querido tapar una negligencia médica en la muerte de un bebé en un parto, sí estaría prescrito. Si el delito fuera de alteración del estado civil de una persona, no estaría prescrito, porque ya hay sentencias del Tribunal Supremo en este sentido", aseguró a Efe.
Una de las primeras denuncias públicas sobre este asunto fue la de Cristina Díaz, la hermana de uno de aquellos bebés. Sus padres eran de La Línea (Cádiz) y en 1966 emigraron a San Sebastián con sus tres hijas mayores. La mujer volvió a Cádiz para dar a luz al cuarto hijo. El niño nació y la madre llegó a verlo, pero al día siguiente la matrona le dijo que había muerto y que era mejor no ver el cadáver. Su abuela entró en el depósito con un fotógrafo que le tomó una instantánea con el bebé muerto. Hace 4 años, su familia quiso poner en su tumba el nombre del bebé y averiguaron que no estaba en el registro.
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