LA ESTAFA DE LA TDT

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Feb 26 2009
Escrito por Juan Vega en Comunicación

La TDT es una tecnología despilfarradora y limitada, que sólo se explica en clave de censura y negocios sucios
La gran mentira de la Televisión Digital Terrestre consiste en establecer una ficción jurídica esencialmente prevaricadora, que se basa en mantener una supuesta limitación tecnológica, propia de los tiempos en los que las emisiones analógicas ocupaban la totalidad del espacio radioeléctrico a ellas destinado, como parte del dominio público o “demanio”. No había más espacio, más “canuto”, más capacidad. Las cosas se mantienen así, en el terreno legal, cuando no son así, en el de la tecnología. Detrás de esta gran falsedad no se encierra otra cosa que la voluntad política de controlar el uso público del audiovisual, con tal pretexto, a través de las empresas adjudicatarias de unas concesiones administrativas propias del pasado, cuando la iglesia o el estado se atribuían la facultad de autorizar, por ejemplo, la publicación de libros. Se trata, en definitiva, de una restricción autoritaria, mediante el uso de una desviación consciente y deliberada de la legalidad, un fraude de ley, y un engaño tecnológico, mantenido con la exclusiva finalidad de retener el control de la comunicación en manos de los gobiernos, y a la postre, de la clase política, e impedir a los ciudadanos su libre uso. ¿Por qué se pueden difundir libremente los libros, y no los productos audiovisuales, cuando tal posibilidad es un hecho? Ésa es la pregunta que habla de la esencial falta de libertades que define nuestro sistema.
El “demanio” radioléctrico se reguló como solución legal para resolver el problema que planteaba el uso de las ondas hertzianas, utilizadas para realizar transmisiones electromagnéticas desde los tiempos de Giuglielmo Marconi, al disponerse de un espacio que era “limitado”, y por lo tanto susceptible de ordenación, mediante la concesión administrativa del uso de las frecuencias de ese espacio electromagnético, para la emisión de señales de televisión y radio. Hasta aquí una legalidad hoy insostenible.
La invención y desarrollo de la tecnología digital, que se basa en el uso de señales binarias que se representan mediante el 0 y el 1, es de una sencillez aplastante, pues refleja dos niveles de tensión eléctrica, el bajo y el alto. Esta codificación de los mensajes, y su intercambio a través del desarrollo de las tecnologías de comunicación que permiten el traslado de esas señales en paquetes de contenidos, como el cable, el ADSL, el satélite o los dispositivos móviles, han convertido lo limitado en ilimitado, y ahora que ya estalló la transición de la televisión y la radio al nuevo mundo, descubrimos atónitos que se intenta mantener esa limitación, propia del pasado analógico, de manera artificial, para tener así asegurado el control político del uso del audiovisual, a través de la costosísima red de TDT, controlada por el estado, con redes propias, o redes concedidas a sociedades como Abertis.
Esta situación en la que nos encontramos, por la que me vengo interesando hace años, siempre me sugirió la idea de que la TDT, la Televisión Digital Terrestres, es un estándar anticuado e inútil, y además nefasto para la sociedad, pues las costosisimas infraestructuras que se requieren para el traslado de la señal de radio y televisión, mediante una desproporcionada red de emisores y reemisores, sólo tienen esa justificación política del control censor por el estado de la comunicación audiovisual. No sirve para nada más. Ésa es la monumental estafa que padecemos.
Esas sospechas quedan ahora públicamente al desnudo -el que quiera ver lo ve; son pruebas, no intuiciones-, al haber renunciado España a completar su red terrestre, compuesta por una enorme malla de instalaciones caras y antiestéticas, para dar cobertura de televisión a los ciudadanos que así lo precisen, mediante señal de subida y bajada al satélite Hispasat. Si el satélite Hispasat va a dar servicio al 1,5% de la población, como se afirma por el gobierno, nada hay que impida dar ese servicio, en realidad, por el mismo procedimiento, al 100% de la población. De haberlo hecho así, de hacerlo así, España se ahorraría cifras multimillonarias, incalculables, escalofriantes -como las que el blog LaOtraTPA investiga en Asturias-, que se está gastando Madrid, pero también todas las comunidades autónomas, para mantener esta farsa.
A finales del 2007, ya era posible sintonizar la gran mayoría de los canales españoles a través de este satélite, con un sintonizador que no llega a los 50€, y tan descarada era la situación, que el gobierno de Cantabria, como Madrid no daba paso a una solución global para toda España, y dadas sus dificultades orográficas, adjudicó al satélite Astra un contrato para facilitar 1.100 canales de televisión y radio a todos los ciudadanos de la comunidad, con una inversión estimada de 235 €, entre la antena y el sintonizador, que en el caso de las viviendas unifamiliares sería subvencionada por el ejecutivo cántabro. Cantabria acaba de abandonar sus planes, al descubrir que ya no son necesarios, al haber tomado ahora la misma decisión el gobierno de España. Pero como el escándalo es desmesurado, el ejecutivo de José Luis Rodíguez Zapatero se monta esta descomunal pantomima, que les explico en pocas palabras.
Madrid acaba de publicar el Real Decreto 1/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones, que pretende engañar a la ciudadanía, afirmando que las sociedades concesionarias del servicio público de televisión, y la Corporación RTVE, deberán “poner” sus emisiones en al menos un “mismo distribuidor de servicios” o un “operador de redes” de satélite, y añade, en su texto, que “el acceso a los referidos canales difundidos por el o los sistemas de difusión por satélite se limitará a los ciudadanos que residan en zonas en las que, una vez concluida la transición a la televisión digital terrestre, no vaya a existir cobertura del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal. Dicho acceso no requerirá la necesidad de suscripción al servicio por los usuarios ni la de alquiler de los equipos descodificadores”.
Dicho de otra manera, con este Real Decreto-ley se intenta ocultar que todo aquel que quiera, puede tener acceso ya a todos los canales mediante satélite, y que España se podría haber ahorrado todo ese tremendo gasto público, y que de lo que se trata, en definitiva, es de que sólo los que tienen concesiones gubernamentales para emitir por esa costosísima red, puedan subir sus emisiones al satélite, como si no pudiera hacerlo, tecnológicamente hablando, todo aquel que quiera hacerlo y tenga los medios, al igual que puede hacerlo, por ADSL o por tecnología móvil.
Hablando en plata: el derroche incalculado de fondos públicos en este asunto, y sus máscaras legales, sólo tiene como finalidad esconder que gobiernos y clase política intentan mantener, en fraude de ley, y prevaricando con todas las letras, el control del audiovisual, implantando un zafio mecanismo de censura, para cuya implantación, se articula toda esta farsa que es el despliegue de la Televisión Digital Terrestre, TDT.
¿Ninguna organización de consumidores, ningún grupo político, va a denunciar este brutal despilfarro?

MAMAPI SE HACE UNA PREGUNTA. cUANDO TENIA EL CANAL DIGITAL, Y HACIA TORMENTA, ME QUEDABA SIN SEÑAL Y POR SUPUESTO SIN TELEVION, AHORA PASARA LO MISMO? SERVIRA EL MISMO APARATO, O TENDRE QUE COMPRAR OTRO APARATO COMO EL DESCODIFICADOR DEL CANAL DIGITAL Y PAGAR EL CANON? PODRE VER LA TELEVISION SIN PAGAR COMO AHORA (BUENO SIN PAGAR ES UN DECIR, YA QUE HASTA POR RESPIRAR TENEMOS QUE Hacerlo, soy asmatica y se de lo que hablo))