Un acuerdo guardado en la caja fuerte.

El PP denuncia que el Gobierno andaluz pudo desviar hasta 200 millones que ocultó a la juezLos intermediarios para la gestión de los expedientes siempre eran los mismos: las consultoras Vitalia y Uniter
J. MORILLO / SEVILLA
Día 25/01/2012
«En Andalucía no hay facturas en los cajones»
Griñán admite que el caso de los ERE puede tener coste político
La Junta, desbordada por el escándalo de los ERE
Guerrero pide volver a la Junta y amenaza con «tirar de la manta» La Junta de Andalucía pagó «comisiones ilegales y escandalosas» a los intermediarios que tramitaron los ERE irregulares, cuyo valor total podría oscilar entre los 150 y los 200 millones de euros, según denunció ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz. Éste acusó, además, al Gobierno que preside José Antonio Griñán de «ocultar» a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso en los juzgados de Sevilla, documentación sobre el pago de las comisiones a esas intermediarias, que, como recordó, «siempre eran las mismas»: Vitalia y Uniter, consultoras que gestionaron los expedientes irregulares y que trabajaron siempre con la Junta.

«Una nueva etapa»
Esta trama de «comisiones ilegales» supone, como recordó el dirigente popular, una «nueva etapa» en el caso y elevaría la cifra que fue «desfalcada» del «fondo de reptiles», con el que se pagaban los ERE y que estaba dotado con 647 millones, en teoría, destinados a ayudar empresas en apuros y a los parados. El Gobierno andaluz ha mantenido que el fraude de la trama no iba más allá de nueve millones, que es el valor total de las pólizas de los 72 «intrusos» —personas incluidas de forma irregular en el ERE y que nunca trabajaron en la empresa—. Pero con este nuevo capítulo de «comisiones ilegales» para los intermediarios, el dinero desfalcado, según Sanz, se elevaría a entre 150 y 200 millones. «Por qué y a quién pagaba la Junta de Andalucía las comisiones», se preguntó Sanz, antes de insistir en la «implicación directa» del Ejecutivo en el pago de esas cantidades y en la necesidad de saber quién se benefició de ese dinero. Para ello, anunció que remitirá la información a la juez Alaya y pedirá explicaciones en el Parlamento.


.El PP denuncia que 1,9 millones computados como gastos externos coinciden con lo que la aseguradora Generalli adjudica el concepto de comisión y que supondría el 22,5% de la primaUn ejemplo de este pago de comisiones «desorbitadas» y «fuera de mercado», que podían alcanzar en algunos casos el 29% de la prima de los ERE, es la denuncia remitida ayer a la juez Alaya por el actual presidente de Mercasevilla y concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano. Mercasevilla, cuando estaba dirigido por la coalición de gobierno PSOE-IU, está en el origen del caso, en cuyos ERE se dan cita «intrusos» como el militante socialista de Baena, Antonio Garrido Santoyo, y el sindicalista de UGT Juan Lanzas, que figuró además como intermediario en ERE fraudulentos.

Ambos aparecen vinculados en la denuncia que presentó ayer Serrano a la juez del caso, en la que se muestra el procedimiento seguido para el pago de esas comisiones, correspondiente al expediente de 2007, y que siempre era el mismo en la tramitación de los ERE. El sistema era el siguiente: la Junta hacía una transferencia a una de sus agencias, que era la que abonaba las ayudas fuera de convocatoria pública y sin justificación a priori ni a posteriori. Estas ayudas del «fondo de reptiles» se daban a las sociedades que hacían el ERE y éstas contactaban, generalmente, con intermediarios, como Vitalia, para cerrar con aseguradoras el pago de las primas a los trabajadores. En este proceso tenían un papel determinante «conseguidores» como Lanzas, que presumían de conseguir esas ayudas. Según denuncia el PP, estos intermediarios se llevarían comisiones «injustificables» por esta mediación.

En el caso de esta denuncia, a la que tuvo acceso ABC, estas comisiones en el ERE de Mercasevilla no se reconocían como tales, sino como «gastos externos» por valor de 1,9 millones de euros. Estos gastos externos los considera Serrano en el documento de «dudosa licitud», lo que motiva la denuncia a la juez, máxime por cuanto parece «coincidir con lo que el documento de Generali —aseguradora que pagó ese expediente— denomina comisión», aunque «su importe es algo inferior a la cantidad indicada con anterioridad (1.846.240 euros)». Esa comisión de 1,8 millones de euros supone el 22,5% de la prima de ese ERE. Estos conceptos constan en la documentación de Generali aportada por el PP a la juez en la que se recoge que la prima de 7.145.597 euros tuvo una comisión de 1,8 millones, siendo su coste final de 8.991.828 euros.

Investigar a beneficiarios
Tal como se señala en la denuncia a Alaya, ese 22,5% de prima «supera con creces las cantidades pactadas con Vitalia en el contrato del 9 de enero de 2003». Por eso, añade, «debe investigarse la finalidad real y los beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores».

Este sería solo un ejemplo del pago de «comisiones ilegales» a los intermediarios que denunció el PP-A. Según Sanz, la Junta pagó unos 1.000 millones para pagar diversos ERE, por lo que las comisiones que se llevaron las intermediarias Vitalia y Uniter, que eran siempre de entre el 15 y el 20% de la prima, provocaron un fraude de entre 150 y 200 millones de euros. Y añadió que, al estar su partido personado en la causa, no le consta que la Junta haya entregado a la juez la documentación sobre el pago de las comisiones de las polizas que, según dijo, estaban firmadas por la administración andaluza.

«En Andalucía no hay facturas en los cajones»
La consejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno, negó ayer que la Junta esté en suspensión de pagos de facturas pese a la orden dada por la Intervención General el 18 de este mes, como adelantó ABC, de devolver los expedientes a sus departamentos de origen mediante la aplicación del conocido como código 14 —que significa «suspensión de contabilidad»— a un paquete «masivo» de facturas que estaban apunto de abonarse.Moreno no desmintió en su comparecencia de ayer ninguno de estos datos aportados por este periódico y optó por no referirse siquiera a ellos. En su lugar, la consejera de Presidencia centró su explicación en el cierre del ejercicio en noviembre y el traslado de diciembre a 2012. Así, señaló que el Ejecutivo se ha limitado a llevar a cabo una práctica habitual en todas las comunidades autónomas, de modo que «si al cierre de un ejercicio queda algún gasto reconocido se incorpora al siguiente». Para Moreno, en Andalucía no existe el concepto de «facturas en los cajones», al tiempo que arremetió contra el Gobierno central, por poner en duda la solvencia financiera de la Junta, y contra el presidente del PP-A, Javier Arenas, quien señaló ayer que «quienes han llevado a la Junta a la suspensión de pagos no pueden presumir de rigor presupuestario».

ABC.ES