domingo, 19 de junio de 2011

afectados por el aceite de colza 30 años despues....

CRONOLOGÍA DE UNA INTOXICACIÓN MASIVA
1 de mayo de 1981: Primer caso en Madrid. Muere el niño de siete años Jaime Vaquero García. Se le atribuye la 'enfermedad del legionario', una neumonía atípica.

9 de mayo de 1981: Se monta un dispositivo sanitario-logístico especial en los hospitales de Madrid. Se administra a los afectados un antibiótico de venta en farmacias.

16 de mayo de 1981: Ya hay 8 muertos y 681 afectados. Se registran casos en Madrid, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Sevilla, León y Salamanca.

23 de mayo de 1981: Se averigua que el aceite consumido por la familia Vaquero fue adquirido en un mercadillo. Se localiza el punto de distribución en Alcorcón (Madrid).

9 de junio de 1981: El Laboratorio de Aduanas obtiene la prueba definitiva. Sale a la luz un gigantesco fraude.

10 de junio de 1981: TVE difunde la noticia del aceite adulterado. Durante 40 días se ha creído que la enfermedad se transmitía por vía respiratoria y no digestiva.

26 de junio de 1981: Se abre el sumario para juzgar a los responsables del envenenamiento, que dará lugar al 'juicio de los aceiteros'.

1 de agosto de 1981: 1.100 afectados constituyen la Asociación de Perjudicados por el Aceite Tóxico. Pronto surgirán otros colectivos similares.

12 de abril de 1984: La Audiencia Nacional abre otra investigación para depurar las responsabilidades de altos cargos del Gobierno de Calvo Sotelo relacionados con el caso de la colza, que dará lugar al juicio de los 'altos cargos'.

16 de septiembre de 1985: Concluye la instrucción del sumario. Hay 20.143 afectados reconocidos.

30 de marzo de 1987: Comienza el juicio de la colza en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid. Ante el tribunal desfilan 2.500 testigos, 38 abogados defensores y otros tantos acusadores, 208 peritos españoles y 42 extranjeros.

20 de mayo de 1989: La sentencia condena a trece aceiteros. Ingresan en prisión J. M. Bengoechea (20 años), Ramón Ferreiro (12) y Jorge Pich (10). El tribunal considera que no hubo homicidios, sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria profesional. Se establecen indemnizaciones de 90.151 euros para los herederos por persona fallecida, y de 901 a 540.910 para los afectados, según síntomas y grado de invalidez. El tribunal rechaza declarar responsable civil subsidiario al Estado.

29 de mayo de 1991: Cuatro millones de litros de aceite de colza están almacenados en el puerto de Santander, pendientes de su traslado a Dinamarca para ser destruidos.

15 de junio de 1991: Anulado el juicio oral contra altos cargos.

27 de abril de 1992: El Tribunal Supremo revisa la sentencia y amplía de 20 a 50 años las penas impuestas por la Audiencia Nacional a J. M Bengoechea; de 12 a 20 a Ramón Ferreiro y de 10 a 20 a Jorge Pich.

Y a penas que oscilan entre los 4 meses y los 12 años a Fernando Bengoechea, Elías Ferrero, Cándido Hernández, Enrique Salamo y Ramón Alabart.

29 de agosto de 1995: El juez Bueren decide procesar a un grupo de altos cargos del Gobierno de UCD. Abre la posibilidad de que el Estado asuma las indemnizaciones.

9 de octubre de 1995: Comienza el juicio de los 'altos cargos'.

24 de mayo de 1996: La Audiencia Nacional condena a Manuel Hernández Bolaños, ex jefe del Laboratorio Central de la Dirección General de Aduanas, a 120 euros de multa por imprudencia simple. Absuelve al resto. El Estado deberá pagar indemnizaciones millonarias que se descontarán de los anticipos dados por la Administración a los perjudicados en concepto de ayudas familiares. Algunos, incluso, se ven obligados a devolver dinero.

2 de octubre de 1997: El Supremo rectifica a la Audiencia Nacional. Eleva la pena a Hernández Bolaños a seis meses de prisión por imprudencia temeraria y decreta la misma pena para otro procesado, Federico Povedano. Duplica la cuantía de las indemnizaciones hasta unos 3.000 millones de euros, condena al Estado a pagar todo y evita los descuentos.

23 de febrero de 1999: La Audiencia Nacional comienza a ejecutar los pagos.

14 de mayo de 2001: Margarita Ladona, del Instituto Municipal de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, y Manuel Posada, del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, presentan los últimos avances en la investigación del síndrome. Comprueban que la mutación de un gen influyó en la capacidad de enfermar.

1 de diciembre de 2005: La Audiencia Nacional anuncia que en pocas semanas se resolverán los últimos 90 expedientes.

1 de mayo de 2006. El brote epidémico sigue siendo un desafío científico. Los 17.000 afectados exigen su equiparación con las víctimas del terrorismo.




HACE 25 años. Leopoldo Calvo Sotelo gobierna en España. El país sufre un intento de golpe de Estado, negocia su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aprueba la ley del divorcio en el Congreso. Los Secretos cantan 'Déjame', el 'Guernica' de Picasso llega desde Nueva York y se estrena en TVE 'Verano Azul'. Se diagnostica en EE. UU. el primer caso de sida en el mundo y en España se vive una pesadilla médica: miles de personas consumen aceite de colza adulterado, enferman y mueren. Lo llamarán 'síndrome del aceite tóxico', una enfermedad distinta, desconocida para la Medicina y sin vacuna, huérfana de referencias, veneno sin antídoto que ataca a más de 20.000 personas en el centro y el noroeste de España, de las que cerca de 700 fallecieron.

Se captura y condena a los responsables de la desnaturalización del aceite, la distribución y su comercialización. Las víctimas acabarán acusando al Estado por su desidia al haber permitido la venta de garrafas de grasa como oliva pura. La «imprudencia temeraria» va a saldarse con una indemnización millonaria: unos 3.000 millones de euros (más de medio billón de las antiguas pesetas), de los que ya se han pagado más de 2.375 millones.

Son muchos los nombres. Ha quedado uno para la historia: el del niño de siete años Jaime Vaquero, la primera víctima de la colza. Fallece en Madrid el 1 de mayo de 1981, Fiesta del Trabajo. Tal día como hoy. Se le diagnosticó una neumonía atípica y la 'enfermedad del legionario' o legionelosis, llamada así porque fue descrita por primera vez después de un brote mortal de neumonía en una convención de legionarios en 1976.

Síntomas nuevos

Pero lo que tenía Jaime no era la legionela, era grasa extraída de las hojas de la colza que, por un refinado defectuoso, sabía a aceituna fuerte. Cinco lustros y cuatro Gobiernos de tres colores después (Leopoldo Calvo Sotelo, UCD; Felipe González, PSOE; José María Aznar, PP; y José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE), del rastro dejado por el reguero de aceite tóxico dan fe los 17.000 afectados que purgan su experiencia y viven sin saber qué nuevo síntoma les depara el mañana. Les ponen voz Antonia Seco de Herrera, Fernando Lago, Juan Antonio Sánchez, Irene Llisterri y Encarnación Hidalgo, de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados, con sede en el barrio madrileño de Moratalaz. En ese mal sueño en que están inmersos desde 1981, han vuelto una y otra vez sobre sus pasos «para evitar caer en el olvido». «Sólo cuando el último afectado fallezca, la historia de la epidemia por aceite tóxico se cerrará».

Ciertas desgracias parecen no haberse movido de lugar. Los cinco se dejan estar al sol en una calle de Moratalaz, en el mismo lugar donde un día de 1981 decidieron hacer piña. Nada en su aspecto externo evidencia el síndrome, aunque éste marchite sus entrañas día a día: hipercolesterolemia, hematomas faciales, hipertensión, fatigabilidad precoz, astenia, calambres, mialgias, pérdida de fuerza, cefaleas, tos seca, ansiedad, problemas de locomoción, precisar ayuda para llevar a cabo actividades cotidianas. Secuelas indefinidas en el tiempo que aparecen de forma aislada o en combinaciones. El 10% de los pacientes tiene reconocida una discapacidad permanente. De ellos, dos terceras partes son mujeres. «Dice que tenemos buen aspecto, imagínese si no tuviéramos el síndrome cómo de bien estaríamos», plantean. Todos los tocados por el mal tienen, como mínimo, un órgano lastimado.

Dentro de la sede hay un olor a intenso pasado. Las paredes repletas de momentos fotografiados: el juicio multitudinario en la Casa de Campo, el canje de los bidones del aceite malo por bueno, los campamentos improvisados frente a La Moncloa, compañeros ya fallecidos con el rostro marcado por la colza, familias en manifestación tras la pancarta... «Nos hemos encerrado hasta en el Arzobispado. Cuando trataron de echarnos, preguntamos: '¿Esto no es la casa de Dios?'. ¿Sabes lo que nos respondieron?: 'No, son las oficinas'».

Algunas instantáneas se paralizaron en el blanco y negro. En color, otras muchas. Hay carpetas en las vitrinas llenas de documentos manoseados. Ordenadores anticuados, sillones con el cuero de los brazos desgastado, el timbre del teléfono que enmudece a veces. Un jersey olvidado sobre la mesa, una escoba, colillas en el cenicero, vasos, cubiertos y una cafetera hacen hogar.

Las víctimas de la colza vienen a hablar de presente. De los 25 años que llevan inasequibles al desaliento, aunque tantas veces impere la sensación de abandono y malquerer. «Lo primero que hace el síndrome es dejarnos sin fuerza física», apunta Fernando Lago, afectado «por simpatía» (es su mujer la enferma) y coportavoz del colectivo de Moratalaz junto con Antonia Seco de Herrera. Fuerza física, que no moral para pedir a viva voz, y esto es novedad, que «merecemos recibir el mismo tratamiento administrativo que las víctimas del terrorismo». Hace un par de meses se cerraron los últimos expedientes que ordenaban el pago de indemnizaciones a damnificados por la colza, desde que la Audiencia Nacional comenzara a ejecutarlas en 1999, a un ritmo de 300 expedientes al año.

Pero los afectados no han interrumpido en ningún momento, desde hace más de dos décadas, su lucha. Asisten cada martes de pleno al Congreso de los Diputados. Apostados en la entrada de la Cámara Baja, «no vayan ustedes a olvidarse de las víctimas de la colza», recuerdan a sus señorías que «con la liquidación de las indemnizaciones no queda zanjado el asunto».

La teoría y la práctica

Les entregan un documento de treinta páginas que tiene de portada un diseño muy gráfico, una calavera detrás de dos frascos de aceite, y que también han hecho llegar a la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales. Ahí explican que supervivientes del brote epidémico y víctimas del terrorismo tienen, «en teoría», un sistema de protección similar que incluye atención sanitaria y psicológica, concesión de becas y prestación de subsistencia. «Los primeros lo hemos mantenido gracias a nuestras constantes movilizaciones y enfrentándonos una y otra vez al intento de extinguir la ayuda económica familiar complementaria que recibimos».

No así sucede entre los segundos. La Ley de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo sostiene en el artículo dos del apartado cuatro que «las indemnizaciones serán compatibles con las ayudas, compensaciones o resarcimientos percibidos o que pudieran reconocerse en el futuro».

«Hay más diferencias -matiza Antonia Seco-. Las pensiones por colza oscilan entre los 200 y los 400 euros; para las víctimas del terrorismo se establece un mínimo de 1.539 y, en todo caso, siempre equivalente al triple del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en cada momento». El precio del estropicio de la colza también toma la referencia del SMI de 1981. Fernando Lago traga rabia: «Ha sido un trabajo de hormiga, pero no se nos ha dedicado un monumento honorífico jamás. Sanidad nos ha invitado a un seminario sobre enfermedades raras en septiembre. Claro que iremos, pero a concentrarnos en la puerta por un espacio propio en la memoria histórica». Aunque sea sin un final feliz.

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