POLÉMICA | La familia Chaves y los negocios
El parentesco ha beneficiado a los allegados al ex presidente andaluz
* Un hermano del ex presidente ha sido director general de Deportes
* Otro más fue accionista de una empresa que contrataba con la Junta
* A un tercero se le conoce como 'el hermanísimo' en Canal Sur
* Un sobrino fue contratado por un ayuntamiento socialista sin oposición
* El PSOE de Almería denunció un contrato en el que la hija ejercía de apoderada
Antonio Salvador | Sevilla
Actualizado domingo 31/05/2009 05:43 horas
"Los miembros de mi familia deben poder tener una relación con la Junta en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Ni han tenido ni deben tener privilegios o trato de favor, pero tampoco pueden ser demonizados ni estar proscritos".
Esta solemne afirmación de Manuel Chaves entra en contradicción con los escándalos sobre adjudicaciones y concesión de subvenciones de las que se habrían beneficiado presuntamente miembros de su familia en los últimos años. Primero fueron Leonardo y Antonio José Chaves González, hermanos del ex presidente andaluz. Leonardo, nombrado por Manuel para un cargo de la Junta, adjudicaba contratos a la empresa de la que fue accionista y asesor Antonio José. Chaves al cubo.
Ahora es su hija, Paula, la que lo ha puesto en el ojo del huracán. Como ha desvelado EL MUNDO, ella era apoderada de una empresa que recibió una millonaria subvención del Gobierno andaluz cuando aún lo presidía su padre, lo que podría vulnerar el artículo 7.1 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
Paula Chaves
Licenciada en Derecho en 2003 y especializada en Derecho Laboral, la hija del actual vicepresidente tercero del Gobierno siempre ha huido del peso del apellido. "Nunca hablaba del PSOE ni de su padre. Sólo recuerdo que una vez saltó muy a la defensiva cuando le preguntamos a qué colegio privado había ido. Se enfadó bastante", recuerda una antigua compañera de facultad.
Muy buena debió de ser aquella formación para que, con sólo 25 años de edad, entrara en uno de los mayores grupos empresariales andaluces, Abengoa. La hija menor del matrimonio formado por Manuel Chaves y Antonia Iborra dejó la empresa de los Benjumea al cabo de tres años, para incorporarse a Minas de Aguas Teñidas SAU (Matsa) como responsable de su departamento jurídico. Era el 2 de julio de 2007.
Tres meses después, la compañía formalizó ante la Agencia de Innovación de Andalucía (Idea) dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la petición de una subvención para el proyecto industrial que desarrolla en el Andévalo onubense y que el Ministerio de Industria le había denegado en abril. El 20 de enero de 2009, el Consejo de Gobierno de la Junta le concedió todavía con Chaves como jefe del Ejecutivo autonómico una ayuda de casi 10,1 millones de euros.
Lo que se discute es si Chaves violó la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía al tomar parte en una decisión que afectaba a un familiar. El artículo 7.1 de esa ley es claro: «Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil».
No es la primera vez que aparece vinculado el nombre de Paula Chaves a una empresa acusada de recibir un trato de favor. Ya figuró como apoderada en una filial de Abengoa que fue denunciada por el PSOE ante la Fiscalía de Almería por presunta "corrupción" en junio de 2006.
En su denuncia, los socialistas advertían de que la compañía Inabensa, que tenía en nómina desde mayo de ese año a Paula Chaves, formaba parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) a la que el Ayuntamiento de Almería adjudicó el proyecto Ciudad Digital por 27 millones de euros. En la citada UTE participaban, además, Telvent Tráfico y Transportes, de la que también era apoderada Paula Chaves desde julio de 2004, y Telvent Interactiva.
El proyecto que denunciaron los socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción fue desarrollado mediante un procedimiento negociado con urgencia por la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Juan Megino, presidente del Grupo Independiente por Almería (Gial), ex alcalde del PP y socio de los populares en el Gobierno de coalición que preside Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. En el verano de 2004, el Consistorio dio luz verde al proceso de adjudicación pese al informe contrario del secretario municipal.
La denuncia interpuesta por el entonces secretario general del PSOE de Almería y actual consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler el mismo que ha dicho ahora que "todo padre quiere lo mejor para sus hijos", contra el Ayuntamiento almeriense y la empresa Telvent por presunta «corrupción», y por sospechar que tanto el PP como el Gial utilizaban determinadas compañías para financiarse, afectaba directamente a la UTE concesionaria de la Ciudad Digital.
Al parecer, el dirigente socialista desconocía en ese momento que Paula Chaves era la apoderada de Inabensa y Telvent Tráfico y Transportes. Días después, ya consciente de la presencia de la hija de Chaves en la UTE, Soler anunció en un comité provincial del PSOE su intención de "seguir adelante" con la denuncia, porque, a su juicio, la filial de Abengoa era "la madre de todas las corrupciones". Y añadió: "No estoy por el pasteleo, caiga quien caiga". Manuel Chaves nombró a Martín Soler consejero de Agricultura y Pesca tras revalidar, en marzo de 2008, la mayoría absoluta.
Leonardo y Antonio José Chaves
Sin contar a Manuel, tres de los hermanos Chaves González han trabajado dos en la actualidad para la Administración andaluza. El parentesco se ha convertido, en algunos casos, en un salvoconducto para lograr presuntamente un trato favorable.
En 2006, EL MUNDO desveló el supuesto trato de favor que habría dispensado Leonardo Chaves director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta y hermano del ex presidente andaluz a una empresa en la que tenía intereses otro hermano.
Antonio José Chaves González ejerció de apoderado de la empresa Climo Cubierta SA desde el 14 de noviembre de 2000 hasta el 7 de mayo de 2004, justo 11 días antes de que se aprobara el nombramiento de Leonardo como director general en deportes. No obstante, siguió vinculado a la empresa mediante un contrato de servicios para asesoramiento como trabajador autónomo.
En contra de lo que establece la Ley de Incompatibilidades, Leonardo Chaves firmó en, al menos una ocasión, la adjudicación de un contrato a favor de la empresa a la que estaba vinculado su hermano. En concreto, se trataba del encargo para el montaje e instalación de una cubierta presostática climatizada para la ciudad deportiva de Huelva. El anuncio de aquella adjudicación se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 7 de diciembre de 2005.
El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias denunció ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Leonardo Chaves, al que acusaba de cometer los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Aquella denuncia fue archivada, al igual que la querella criminal interpuesta por Antonio José Chaves contra ocho periodistas de EL MUNDO por presuntos delitos de injurias y calumnias.
La Audiencia de Sevilla ratificó el fallo del Juzgado de Instrucción número 19 de esa capital y ordenó el archivo de la causa, porque las informaciones publicadas por este diario sobre el caso Chaves fueron "veraces, relevantes y proporcionales", es decir, cumplieron el "triple test" que exige el Tribunal Constitucional para el ejercicio de las libertades de expresión e información.
El de Climo Cubierta no era el primer escándalo en el que se veía envuelto Leonardo Chaves en el desempeño de un cargo público. En 1997, cuando era el máximo responsable del área de Deportes de la Diputación de Sevilla, fue acusado por el PP de adjudicar 180 millones de pesetas a empresas con cuyos accionistas había llegado a tener vínculos.
Leonardo Chaves justificó entonces la "idoneidad" de las sociedades a las que se habían encargado los trabajos, al tiempo que aseguró que no mantenía ninguna relación con los beneficiarios.
Los populares denunciaron que había mentido, al menos en relación con la empresa Urgencias Veterinarias SL, de cuyas acciones tardó más tiempo en desprenderse según la información publicada en el Registro Mercantil.
Francisco Javier Chaves
Leonardo no es el único hermano del actual vicepresidente tercero del Gobierno cuyo sueldo ha dependido directamente de la Administración autonómica. Otro es Francisco Javier Chaves, jefe del departamento de Servicios Generales de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), que tiene encomendadas entre otros cometidos las contrataciones de servicios externalizados en Canal Sur, tales como la seguridad y la limpieza.
Conocido como El hermanísimo en Canal Sur, Francisco Javier depende de la dirección de Organización, Recursos Humanos y Servicios Generales.
Carlos María Chaves
También trabaja para la Junta Carlos María, el más joven de la saga Chaves. En concreto, fue destinado a la Dirección General de Política Interior como coordinador de Seguridad tras su nombramiento como funcionario de carrera del cuerpo de auxiliares de seguridad en enero de 2006. Así consta en una orden de 12 de enero de 2006 firmada por la entonces consejera de Justicia y Administración Pública, María José López.
Los sobrinos
Las ramificaciones llegan al segundo grado de consanguinidad. Este periódico desveló que Leonardo Chaves Marín hijo de Leonardo Chaves González y sobrino del ex presidente de la Junta trabajó para Climo Cubierta SA como arquitecto técnico entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de julio de 2005, durante parte de la etapa en que su padre era el máximo responsable de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas y su tío, apoderado de la empresa. Chaves Marín se desvinculó de Climo Cubierta tras ser contratado por el Ayuntamiento sevillano de Alcalá de Guadaíra sin haberse sometido a un concurso-oposición.
El Consistorio, que preside el socialista Antonio Gutiérrez Limones, asalarió al sobrino de Manuel Chaves el 8 de agosto de 2005, con un contrato por obras y servicios vinculado a las tareas de urbanización de determinados suelos de la ciudad.
Leonardo Chaves Marín no participó en concurso-oposición alguno para hacerse con esa plaza. De hecho, en 2005 se convocaron dos para seleccionar a arquitectos técnicos para el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y a ninguno concurrió el sobrino del anterior presidente de la Junta. También un hijo de Antonio José estuvo trabajando para la empresa Climo Cubierta. En el verano de 2007, este periódico informó de que Jaime Chaves Díaz estaba asumiendo las funciones en el grupo que hasta entonces desempeñaba su padre.
Una prueba que evidenciaba la vinculación de este familiar con la sociedad de la que había sido apoderado su padre fue el fax enviado por «Jaime Ch. [recurrió a la abreviatura para su primer apellido] Díaz» al Ayuntamiento sevillano de Salteras el 4 de junio de 2007, en el que proponía una modificación del presupuesto aprobado inicialmente para que la filial Tecnoclima Instalaciones Deportivas se encargara de las tareas de desmontaje y limpieza de la piscina municipal.
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