“Esto se hunde”, lamenta con tono grave Antonio García, alcalde popular de Moratalla (Murcia, 8.500 habitantes), el último de los municipios españoles que se ha declarado “al borde de la quiebra”. Sus 120 trabajadores no cobran desde abril y el Consistorio está atenazado por una deuda que supera los 28 millones y un descubierto bancario de 251.000 euros. Este panorama lleva al primer edil a describir el futuro de “dramático”.
La deuda municipal con los proveedores, la mayoría pymes locales, roza los nueve millones, y las nóminas pendientes, el medio millón. La ciudad, situada en la zona montañosa de la región, debe también devolver un préstamo al Ministerio de Industria de 600.000 euros y afrontar una deuda con la Seguridad Social de cuatro millones. “El parón del ladrillo, la crisis y la falta de ingresos nos han conducido hasta aquí”, admite al teléfono el alcalde, médico de profesión.
García recaló en el Consistorio el 22-M con mayoría absoluta (48%), tras cuatro años de gobierno socialista, y defiende con firmeza una de las medidas tabú en el diccionario del PP: la subida de impuestos. El Ayuntamiento, de hecho, ha incrementado las tasas del agua potable, la escuela de música y la guardería municipal. “Me da igual lo que piense mi partido, hay que actuar y subir los impuestos, es una decisión valiente”, dice García, que reprocha a su antecesor socialista su “falta de firmeza” a la hora de apretarse el cinturón. “Con la que se avecinaba, ¿por qué no subieron los impuestos?”, se pregunta.
“Con la que se avecinaba, ¿por qué no subieron los impuestos?”, se pregunta el edil murciano
El Gobierno regional, que preside el popular Ramón Luis Valcárcel, quita hierro a la situación. Admite que la situación del municipio es “difícil”, pero precisa que no lo suficiente para hablar de quiebra. “Estamos trabajando en planes de reequilibrio financiero y la gestión de sus deudas con proveedores y acreedores”, defienden en la Consejería de Economía.
Moratalla no es un caso aislado. La asfixia financiera afecta de uno u otro modo u otro a los más de 8.100 Ayuntamientos españoles, que deben encarar la caída de ingresos del sector inmobiliario y las consecuencias de la crisis echando mano de la tijera.
La semana pasada, Moià (Barcelona, 5.700 habitantes) recurría a los mismos términos que Moratalla. Su Ayuntamiento sentenciaba “el estado de emergencia” de las arcas municipales y reclamaba un plan de rescate. El alcalde, el republicano Dionís Guiteras, adelantaba que los cajones guardaban facturas desde 2005 y que no podía pagar las nóminas de agosto a los funcionarios. El motivo: una deuda de 24,5 millones y unas previsiones de déficit (diferencia entre ingresos y gastos) de 2,2. “Dentro de unos días comunicaré un plan para salir de este pozo”, justifica Guiteras, que, como el alcalde murciano, atribuye los platos rotos a su antecesor, de CiU, que gobernó 28 años. La deuda de Moià alcanza el 400% de los ingresos municipales, cuando la ley prohíbe que supere el 75%.
Un caso similar es el de Barbate. Rafael Quirós, alcalde socialista de esta localidad gaditana de 23.000 habitantes, llegó a pedir un rescate financiero para gestionar el día a día del municipio, condicionado por una deuda a la Seguridad Social de 30 millones. “La Seguridad Social no puede condenar a mi pueblo a la cadena perpetua”, llegó a decir una semanas antes antes de ser reelegido.
Como Barbate, otros municipios han puesto el grito en el cielo, al incluir en su diccionario términos como quiebra, rescate o situación de emergencia. Sin embargo, la Federación de Municipios y Provincias afirma que la crisis aprieta pero no ahoga. “El momento es difícil, pero no dramático”, apunta un portavoz. La deuda de los municipios alcanzó el pasado año los 35.000 millones, el 3,3 del PIB. Aún así, España, pese al tremendismo de las declaraciones, no ha declarado la quiebra de ningún Ayuntamiento, lo que conllevaría su disolución y la venta de sus bienes.
El profesor José Ramón Pin, de la escuela de negocios IESE, considera “muy difícil” que esto pueda pasar en los próximos meses. “Los municipios atraviesan una situación muy delicada, que les lleva a refinanciar sus deudas y pactar quitas con los proveedores para salir del paso”, reconoce. Pin defiende la fusión de Ayuntamientos, la eliminación de los de menos de 10.000 habitantes y la reducción de sus plantillas, que concentran de media el 70% de los gastos municipales. Grecia, que tras la crisis de deuda pasó en 2010 de 1.034 a 355 consistorios, prevé ahorrar metiendo la tijera a sus municipios en 1.185 millones de euros al año.
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