Este hombre había desenterrado con sus manos decenas de cadáveres sepultados en fosas clandestinas. Decía que se le erizaba la piel solo de imaginar la forma en la que habían sido asesinados, solos, en mitad de la noche, de un tiro en la cabeza. El sábado lo mataron a él sin que tampoco pudiera defenderse. Miguel Ángel Jiménez, uno de los líderes comunitarios que se encargó de la búsqueda paralela a la de las autoridades de los 43 estudiantes de Iguala desaparecidos, fue ejecutado mientras conducía un taxi de su propiedad cerca de su pueblo natal, Xaltianguis, a 50 kilómetros de la ciudad turística de Acapulco, en el Pacífico mexicano.
Jiménez lideraba una organización compuesta por campesinos pobres y profesores de escuela que maniobran al margen de las autoridades, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Sus miembros tienen derecho a portar armas cortas y se ocupan de la seguridad y el orden público en municipios donde apenas hay rastro del Gobierno mexicano. En ocasiones la única ley es la del crimen organizado, atraído a estas tierras por los extensos cultivos de marihuana y opio que pueblan la zona.
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