Un escándalo auditado con un gran descontrol de gastos y contratos
El de ayer fue el penúltimo capítulo de una historia que se remonta dos años atrás. Concretamente a 2011. Entonces el Partido Popular pidió que se investigaran lo que en ese momento eran presuntas irregularidades en Feval, la institución ferial de Extremadura con sede en Don Benito.
Las quejas aumentaron durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y llegaron a su punto más mediático cuando se hizo pública la construcción de unas instalaciones deportivas (piscina con jacuzz y pista de padel) en el sótano del nuevo centro tecnológico; tras este episodio, en junio de 2011 fueron destituidos el director general de la Institución Ferial de Extremadura, José Luis Viñuela, y el subdirector José Villa, dos de los detenidos ayer, por falta de confianza. Aunque hay que recordar que no fueron despedidos hasta septiembre.
Una auditoría que analizaba las cuentas de 2008 y 2009 y a la que tuvo acceso HOY en octubre de 2011 ponía en evidencia un buen número de irregularidades en la gestión de la institución, sostenida por la Junta, las dos diputaciones provinciales y el Ayuntamiento de Don Benito.
Dicho documento ponía en evidencia entre otras cosas un control insuficiente de los gastos, excesivo uso de dinero en efectivo, facturas sin fecha, viajes sin la justificación adecuada y falta de transparencia en la realización de contratos y contratación de personal.
Los auditores llamaban la atención en su informe sobre el uso de la caja en metálico, que registraba un movimiento importante, en torno a los 400.000 euros cada año. Asimismo, resaltaban en dicho documento que en Feval se hacían pagos individuales importantes en metálico, superiores a 2.000 euros en ocasiones, y recomendaban que se utilizaran los bancos como medio de pago en lugar del dinero en metálico.
Cuando todavía no se había olvidado el revuelo que originó esta información, Viñuela(DEL PARTIDO SOCIALISTA) acudió en febrero de 2012 al Juzgado de lo social número 4 de Badajoz para pedir una indemnización por su despido, ya que consideraba que fue improcedente. Él y sus dos exdirectivos, José Villa y Juan Francisco Cerrato, exigían indemnizaciones que oscilaban entre los 600.000 y los 700.000 euros. Los tres reclamaron también meses más tarde distintas cantidades de dinero por vacaciones no disfrutadas y fines de semana no retribuidos.
El Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz, consideró procedente el despido de José Luis Viñuela, algo que ratificó el TSJEx en octubre del año pasado.
FUENTE: HOY.ES
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