Una empresa excluida de concursos públicos atiende a 250.000 pacientes
ORIOL GÜELL Barcelona 30 NOV 2014 -
Las denominadas “alianzas estratégicas” se han convertido en una vía para que empresas de la sanidad catalana obtengan contratos de la Generalitat sin pasar por los concursos públicos que establece la normativa. El caso más destacado es el de Codebi BCN, dedicada a la rehabilitación y logopedia, que fue excluida de las últimas licitaciones al lograr puntuaciones muy bajas o no cumplir los requisitos técnicos exigidos. Pese a ello, la empresa atiende hoy para la sanidad pública a una población de más de 250.000 personas en los distritos de Horta-Guinardó y la Esquerra del Eixample gracias a sendas alianzas con los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael. Ambos contratos recibirán más de 15 millones de euros hasta el año 2021.
Los dos centros sanitarios son de titularidad privada, pero están integrados en la red pública de hospitales (XHUP, en sus siglas en catalán). Este hecho les permite obtener por adjudicación directa de la Generalitat —es decir, sin concurso— servicios como el de rehabilitación y logopedia, a domicilio y ambulatoria. “La adjudicación directa a hospitales integrados en la red pública [la que atiende gratuitamente a los ciudadanos con tarjeta sanitaria] está permitida por la ley”, explica Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. “No es relevante si estos centros son de titularidad pública o privada. Si están en la XHUP están en igualdad de condiciones para lograr adjudicaciones públicas. Pero también deben cumplir los mismos requisitos a la hora de prestar los servicios”, añade Tornos.
Uno de estos requisitos es que deben hacerlo con sus propios medios. Es decir, “ningún hospital puede subcontratar esta actividad a terceras empresas”, ratifica el subdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Francesc Brosa. Los servicios de rehabilitación de las zonas cuyos hospitales no hayan solicitado la adjudicación directa “deben ser sacardos a concurso público”, sigue Tornos. La Generalitat convocó el último de estos concursos, dotado con 204 millones de euros y con una vigencia de 10 años, en 2012.
Las llamadas "alianzas estratégicas" permiten sortear la ley de adjudicaciones
EL PAÍS ha tenido acceso a documentos —volantes médicos, correos electrónicos, contratos...— que muestran que el Sagrat Cor y el Sant Rafael, tras hacerse con los contratos por adjudicación directa, no prestaron estos servicios con sus propios medios. En ambos casos, buscaron una empresa para ceder al menos parte de la actividad. La empresa elegida fue Codebi, que había quedado sin acceso a fondos públicos tras su fracaso en el concurso de 2012.
La alianza estratégica fue la figura elegida en ambos casos para dar cobertura jurídica a un desvío de fondos desde hospitales de la red pública a empresas privadas que, según Tornos, contraviene la normativa. “Una alianza estratégica no es más que un contrato privado entre dos partes. Puede llamarse alianza, convenio o como se quiera. Pero si sirve para subcontratar una adjudicación pública, entonces vulnera el Real Decreto Legislativo 3/2011 sobre contratos públicos. La norma es muy clara: los servicios públicos deben ser sacados a concurso respetando los principios de publicidad y libre concurrencia”, concluye el catedrático.
Los correos electrónicos consultados muestran que, más que buscar un socio, lo que hicieron los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael era tratar de encontrar un proveedor al que subcontratar la adjudicación directa que habían logrado de la sanidad pública. Un mensaje escrito en verano de 2012 por el segundo hospital —propiedad de una orden religiosa— pide a una empresa que le remita “el modelo de trabajo y los detalles técnicos y económicos de la oferta”. El servicio obtenido por el Sant Rafael corresponde al distrito barcelonés de Horta-Guinardó y está dotado con cerca de 550.000 euros anuales (5,5 millones hasta 2021).
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