OTRO ESCÁNDALO EN LA XUNTA (tOURIÑO)

Lunes, 02-02-09
LA precampaña gallega fue la ocasión que ayer aprovechó Rodríguez Zapatero para recordar a los bancos que no es el momento de los «grandes beneficios». La frase, como tantas otras del presidente, suena mucho y dice poco, pero además resulta un auténtico sarcasmo dicha en presencia de Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta gallega, a quien el principio de austeridad en la gestión de los fondos públicos le resulta un tanto extraño. Al multimillonario y sofisticado arreglo de uno de sus varios coches oficiales, y a la reforma no menos dispendiosa de algunas salas de su sede oficial, le sigue ahora otra reforma de estancias de la Presidencia, con decoración y mobiliario incluidos, por valor de cuatro millones de euros. Los ejemplos son significativos. La Xunta del bipartito social-nacionalista ha comprado sillas por importe de 2.269 euros cada una y ha instalado una mesa para las reuniones del Gobierno autonómico por valor de 26.284 euros. Otras sillas y mesas tienen precios inferiores, pero por importes también muy elevados. El proyecto de reforma tenía previsto terminar las obras en diciembre de 2008, aunque la Xunta las ha mantenido en absoluta discreción para que no se sumaran a los escandalosos gastos del coche oficial y de las dependencias del presidente. Razones tenía el bipartito para preocuparse porque no saliera a la luz este nuevo derroche de dinero público, que representa no sólo una gestión ética y políticamente inaceptable de los recursos de la Administración autonómica, sino también una verdadera ofensa a la situación de necesidad básica en la que viven cada día más españoles.
La denuncia de este despilfarro no es demagogia, ni oportunismo, sino fruto del control democrático que debe recaer sobre los poderes políticos para dar cuenta de cómo emplean un dinero que no es suyo, sino de los ciudadanos, y que debe emplearse con prudencia y sensatez. No se trata de negar la pertinencia de hacer obras y amueblar oficinas administrativas, incluso de hacerlo para que presenten la máxima dignidad, pero es entonces cuando entra en juego el respeto a los ciudadanos. Mientras los dignatarios socialistas inflaman sus discursos con la bandera de la solidaridad y las políticas sociales, estas malversaciones -que, aun cuando no sean delito como tales, sí lo son en sentido vulgar- son una impugnación a la totalidad de la ética de la izquierda gobernante y desvelan la doble moral del populismo con el que el PSOE hace frente a la recesión económica y el desplome del empleo. El estado autonómico no se configuró en 1978 para que las comunidades autónomas se convirtieran en una sangría de fondos públicos, sino para mejorar el funcionamiento de los servicios esenciales y favorecer el autogobierno de los ciudadanos, sobra la presunción -a veces, errónea- de que es mejor el gobierno más cercano. Este tipo de escándalos, reiterados y burdos, deslegitiman la razón de ser de las autonomías y acaban presentándolas como el huerto de favores y dispendios de una clase política local, más endogámica si cabe cuando está hipotecada por el nacionalismo de turno.
Es ahora, en tiempo electoral, cuando esta forma de gobernar debe ser puesta de manifiesto para que los electores gallegos tomen nota. En una sociedad que se respeta a sí misma, más aún en tiempo de crisis económica, recesión y desempleo, las urnas serían implacables con gobernantes despilfarradores. Un escándalo puede ser aislado. Dos, casualidad. Pero tres, como el que hoy desvela ABC en la Xunta de Galicia, ya son un método de gobernar. Ahora toca que el presidente gallego se explique, que Rodríguez Zapatero dé su opinión sobre estos gastos, no sea que formen parte del «Plan E» de reactivación económica, y que el PSOE valore si es creíble el mensaje de que el PP va a recortar subsidios y pensiones mientras algunos de sus gobiernos autonómicos van de escándalo en escándalo por cómo emplean el dinero de los contribuyentes en inversiones de puro lujo para ornamento de oficinas cerradas al público. Tampoco estaría de más que alguna institución u organismo del Estado pasara el filtro de la legalidad sobre estos gastos, porque van más allá de la mera inmoralidad.

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