Los 10 casos de corrupción más escandalosos de Andalucía
En los últimos años brotan periódicamente estos casos que dañan la imagen de la región y ponen a los políticos y los ayuntamientos bajo sospecha.
2. Mercasevilla
La investigación comienza con unas grabaciones en las que el ex director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, exigían un pago de 450.000 euros a una empresa a cambio de adjudicarles una escuela de hostelería, proyecto subvencionado en su totalidad por la Delegación de Empleo.
Invercaria
Invercaria (Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía participada al 100% por la Agencia IDEA. Ha sido calificada como el "segundo fondo de reptiles" por seguir el mismo sistema que los ERE: ausencia de procedimiento y arbitrariedad en la transferencia de fondos públicos
Caso Malaya
Una de las operaciones contra la corrupción urbanística más mediática, por la implicación de personajes de la farándula además de políticos, técnicos y empresarios. En la operación se incautaron bienes por valor de 3.000 millones de euros.
Caso Majestic (Casares)
Hace menos de un mes, Juan Sánchez, alcalde de IU de la localidad de Casares fue encarcelado implicado en una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística en torno al Consistorio casareño y en el que estaría implicada la mafia rusa. El ex primer edil consiguió reunir la fianza de 200.000 euros para salir de la cárcel.
. Ronda
El Ayuntamiento de Ronda es otro de los consistorios salpicados por la corrupción urbanística en la Costa del Sol.
En la operación relacionada con corrupción urbanística se detuvo al exalcalde del PSOE Antonio María Marín Lara y tres miembros de la anterior corporación y actuales concejales del PSOE en la oposición.
Como denominador común con otros casos, se investigaron delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de capitales público, falsedad documental y blanqueo.
Operación Astapa (Estepona)
La Guardia Civil detuvo al que era entonces alcalde de la localidad Antonio Barrientos (PSOE), a su jefe de gabinete y a otros ediles. Además, hay imputadas un total de 99 personas. Los delitos que se imputan son cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación comenzó tras un informe derivado del caso Malaya.
Barrientos era alcalde por el PSOE, pero llegó al Gobierno de Estepona en 2001 gracias a un pacto de Gobierno con otros partidos contra el Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella, Jesús Gil.
Aguadulce
La exalcaldesa, la socialista Isabel Ortiz, fue condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio. En 2006 concedió a un compañero del partido una licencia para la construcción e instalación de naves para ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal y en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipal.
Operación Arcos (Alcaucín)
En febrero de 2009, agentes de la Guardia Civil salían dle ayuntamiento de Alcaucín con cajas llenas de documentación. En una primera fase de la investigación fueron detenidas 13 personas entre las que se encontraban el entonces alcaldesocialista, José Manuel Martín Alba, alias 'Pepe el Patillas', además de dos de sus hijas y el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, José Mora. En un segunda fase de la operación, se volvió a detener al ex alcalde de Alcaucín y a siete funcionarios de la Diputación de Málaga.
Ayamonte
El caso más reciente es el del municipio onuvense de Ayamonte, cuando el pasado jueves el alcalde socialista Antonio Rodríguez Castillo negó ante el juez las supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas en Isla Canela por las que han sido imputados él y su antecesor en el cargo, el también socialista Rafael González, el cual también fue citado pero se acogió a su derecho a no declarar.
El pasado mes de febrero de 2010, la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento de la localidad y se incautó de documentos del área de Urbanismo.
NOTA.- leer artículo original en 'La Gaceta'
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