El presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) Ricardo Peña espera que el expediente de responsabilidad patrimonial arroje luz sobre los hechos denunciados por la consejera de la APP, asesora jurídica del consejo y abogada del Estado Macarena Olona que dio traslado a la Fiscalía de Gipuzkoa de irregularidades administrativas en la construcción de la nueva lonja de pescado de Pasaia. «Ha habido una mala praxis», reconoció ayer Peña en declaraciones a EL MUNDO y confirmó que el coste definitivo de esta obra rondará los 20,5 millones de euros, muy lejos de los 15 presupuestados y también de los 18 millones de euros que habrían contado con respaldo legal si hubieran contado con una sólida justificación. «Todo va a tener una explicación», confía Peña que vincula la decisión de su consejera con intereses políticos en un nuevo clima de campaña electoral.«No es un tema fácil de explicar», advirtió ayer Ricardo Peña, presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia desde febrero de 2013. Y es que la nueva lonja de pescado de este puerto guipuzcoano -la cuarta de España en su volumen diario de ventas- se ha convertido en un culebrón interminable dentro del eterno proyecto de regeneración urbana, económica y social de toda la bahía de Pasaia.
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