jueves, 20 de agosto de 2009

Un subsidio caótico e injusto: el Gobierno quiso ahorrar pero al final le saldrá caro


Era evidente. Cuando el consejo de ministros del pasado día 13 aprobó un subsidio complementario de 420 euros para quienes agotaran el seguro de paro a partir del 1 de agosto y durante los 180 días posteriores, se hizo enseguida manifiesto que la medida resultaba discriminatoria.


En efecto, quedan fuera del alcance de la ayuda quienes, por haber quedado en paro en primer lugar, agotaron el subsidio antes de la mencionada fecha. Lo que implica un estado de mayor necesidad, si cabe, al haber permanecido ya un tiempo sin ayuda alguna.

Según el propio INEM, 1.200.000 personas se encuentran en esta situación. Algunas federaciones sindicales -no las cúpulas- ya han puesto el grito en el cielo, y el PP ha criticado con razón la frivolidad de la medida.

La razón de esta arbitrariedad ha sido obviamente económica: el Gobierno dice haber aplicado a los nuevos subsidios, 340.000 en total, 642 millones de euros (aunque no salen las cuentas porque 340.000 x 420 euros x 6 meses equivalen a 856,8 millones de euros), y la extensión a todos los parados sin subsidios costaría muchísimo más. De cualquier modo, la situación es insostenible porque el agravio de quienes quedan fuera de la ayuda.

Los sindicatos eran conscientes de ello, y de ahí que durante la fallida negociación social recomendaran que se subsidiara a quienes perdieron el seguro de paro tiempo atrás (llegó a barajarse el pasado 1 de enero).

O, en su defecto, propusieron recurrir a la Renta Activa de Inserción, que se ofrece a los parados de más de 45 años que se enrolen en un curso de formación. Trabajo se negó porque ambas fórmulas significaban un costo mucho mayor y porque no aceptaba la frontera de los 45 años.

¿Dónde está Corbacho?
Sea por la crítica del Partido Popular o por la reacción sindical, Zapatero ha tomado conciencia de que no puede mantener las cosas como están, por lo que es presumible una ampliación del subsidio extraordinario, lo que puede tener un coste inasumible en términos de déficit público.

La única solución razonable sería subvencionar directamente las situaciones de mayor necesidad, pero ello requeriría una gestión personalizada muy compleja para la que no existe personal suficiente.

Lo más llamativo de este asunto es que el ministro Corbacho no sabe/no contesta porque está de vacaciones. Hasta ahora, han tenido que dar la cara en este asunto José Blanco, ministro de Fomento, y el propio Zapatero.

Resulta sencillamente indignante que el responsable de Trabajo de un país que se encamina a los cuatro millones de parados y cuyo PIB decrece a un ritmo del 4% esté fuera de su despacho, aunque sea agosto.

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