LA CAIDA DEL REGIMEN ANDALUZ...

MANUEL CONTRERAS / SEVILLA
Día 23/07/2013 - 22.36h
Este diario desveló la trama el 22 de abril de 2009 al publicar una conversación en la que el director de Mercasevilla pedía a un empresario una comisión de 450.000 euros a cambio de una concesión

La dinámica de gobierno implantada por el PSOE en Andalucía en los últimos años parece empecinada en demostrar la veracidad del clásico aserto de Lord Acton: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La sólida hegemonía socialista en Andalucía, donde ha gobernado ininterrupidamente durante tres décadas, ha favorecido el progresivo deterioro de su gestión, un lento pero imparable proceso caracterizado por la desvirtuación de los mecanismos administrativos de autocontrol y el uso de las ayudas públicas para alimentar una red clientelar cada vez más extensa y corrupta.

Los abusos en la administración de los fondos públicos parecen haberse extendido por la Junta de Andalucía como una metástasis que amenaza con terminar con uno de los aparatos de poder más compactos de España y que contaba con un fuerte arraigo social gracias a una cuidada maraña de entidades ciudadanas de todo tipo afines al Gobierno.

La enfermedad, sin embargo, mantiene hoy al Gobierno andaluz en un estado casi agónico, aquejado por disidencias políticas internas, procesos judiciales y conflictos funcionariales. Los males que ahora se manifiestan llevaban años gestándose entre las bambalinas del poder omnímodo socialista, pero solo han podido ser diagnosticados gracias a la investigación de los medios de comunicación, una labor lenta pero eficaz en la que ABC ha desempeñado un rol fundamental.

Esta crónica de la trastienda del poder andaluz, hilvanada con material oculto bajo las alfombras de los despachos, arranca inevitablemente el 22 de abril de 2009, cuando ABC publica en exclusiva la grabación en la que el director y el subdirector de Mercasevilla --empresa gestionada por la estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla--, Fernando Mellet y Daniel Ponce, respectivamente, exigían a un empresario sevillano 450.000 euros como contrapartida a la concesión de una escuela de hotelería que iba a poner en marcha la Fundación Mercasevilla gracias a una subvención de 900.000 euros concedida por la Junta de Andalucía.

Aquella grabación es la piedra «Rosetta» de la corrupción del socialismo andaluz, el texto que permite descifrar los códigos ocultos de los abusos en la administración. Allí los directivos de la empresa municipal hablan de trato de favor ?«la Junta colabora con los que colaboran»?, financiación del partido ?«la Junta dice que el dinero es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis; luego será para carteles de Felipe González» -y comisiones ilegales- «de todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que desviar una parte a donde la Junta en cada momento nos dice»?.

El escándalo motivó la dimisión del delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y un progresivo deterioro de imagen de la coalición de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, rematada con las imágenes que ABC ofreció en exclusiva del viaje ?mariscada incluida? del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, a Bruselas con los responsables de la Fundación Mercasevilla ?que terminaría disolviéndose con un agujero financiero de 1,1 millones de euros?. En las elecciones municipales, el PSOE perdía la alcaldía de Sevilla tras doce años en el poder. Aparecen los ERE

La grabación del intento de extorsión fue el primer trueno de una tormenta que amenaza con inundar toda la Junta de Andalucía. De la trama de Mercasevilla se derivaron cuatro líneas de investigación: el pago de comisiones, la extraña venta de una parcela de Mercasevilla a la oferta más baja, un presunto delito societario y los dos expedientes de regulación de empleo (ERE) casi consecutivos que había acometido la empresa para, al final del costoso proceso, terminar con el mismo número de empleados. Cuando la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió una carpeta con las letras «ERE» en su tapa, a alguien debió de correrle un escalofrío por la espalda en su despacho de la Consejería de Empleo.

En la grabación de Mellet y Ponce se aludía a un nombre que en un primer momento pasó inadvertido: Juan Lanzas. Lanzas, citado como «conseguidor», había mediado para que la empresa de su cuñado, Maginae Solutions, asesorara en los ERE de Mercasevilla. En agosto de 2009 ABC revelaría la insólita, onerosa e ineficaz aplicación de dos ERE en Mercasevilla. Pero no sería hasta noviembre de 2010 cuando el PP denunciase la aparición en uno de los ERE de Mercasevilla de una persona, Antonio Garrido Santoyo, que cobraba la prejubilación sin haber trabajado nunca en la empresa. La figura del «intruso» se incorporaba así al decorado de la corrupción andaluza.

leer mas: ABC