Creen que hay empleados públicos para Drogas más aptos que la auxiliar Espí
Los funcionarios recurren la elección de la amiga de Pajín ante el Supremo
El polémico nombramiento efectuado por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, de su amiga Nuria Espí como delegada del Plan Nacional sobre Drogas ha desatado también las iras de los funcionarios.
Nuria Espí, delegada del Plan de Drogas desde el pasado 5 de noviembre, es una auxiliar administrativa ajena a la Función Pública
14 Diciembre 10 - Madrid - Sergio Alonso
La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) manifestó ayer a LA RAZÓN su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la designación de la compañera de andanzas políticas en la Comunidad valenciana por la hoy máxima autoridad sanitaria del país. La entidad considera que «los cargos con carácter técnico deben tener un perfil técnico», y que «una Dirección General es un puesto de confianza, que, sin embargo, no puede ocupar cualquiera».
Como ha informado este periódico, Espí es una auxiliar administrativo ajena a la Función Pública, cuya experiencia en el campo de las Drogas se ciñe a la Portavocía que mantuvo sobre este asunto en el Grupo Socialista del Parlamento de la Comunidad Valenciana. Las trabas jurídicas para su nombramiento, oficializado el pasado 5 de noviembre, llevaron a la ministra a echar mano de las excepciones recogidas en la Ley 6/1997, y a tratar de reforzarlas a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de noviembre, un día antes de la designación.
La norma trata de justificar la designación con rango de Dirección General de una persona ajena a la Función Pública, con el argumento de que para el puesto al frente de Drogas «es necesario reclutar personal directivo con un singular perfil formativo que garantice una visión integrada de esas complejas realidades legales, económicas y sociales». Se trata de algo que, a juicio de Rafael Coloma, portavoz de Fedeca, no cumple la elegida, «ya que su currículum no responde a la necesidad del puesto».
Fedeca considera que «el Gobierno tiene libertad para nombrar a quien quiera, pero para el cargo de Drogas en cuestión tenía a su mano personal de la Administración en contacto con este área en la Agencia Tributaria, en la Policía y la Guardia Civil, en Aduanas o dentro de la Medicina». La Federación ya consiguió del Tribunal Supremo la anulación del nombramiento de Augusto Silva como director general de Trasplantes del Ministerio de Sanidad, porque «no estaba bien justificado».
Las críticas de los funcionarios se suman a la decisión del PP de pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso para que explique las circunstancias de la elección de su amiga.
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