UGT de Andalucía anunció ayer que ha provisionado 115.000 euros para subsanar «errores» de facturación. Es decir, admite haber cometido irregularidades imputando a formación y a promoción de la mujer lo que en realidad fueron fiestas y comidas pagadas por la Junta. El caso es muy grave, y no se trata, como dicen los dirigentes socialistas, de «una cuestión de concepto», sino de presuntos delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos. Méndez debe una explicación que no ofenda a la inteligencia de los andaluces.
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