Campesinos que impulsaron revolución, marginados hoy por el poder
China
Por Marga Zambrana
Agencia EFE
PEKÍN - Quince millones de campesinos perderán sus tierras en los próximos cinco años, y se sumarán a los 40 millones que fueron expropiados en la última década, 60 años después de que apoyaran la revolución comunista.
Datos del Ministerio de Tierra y Recursos indican que el área requisada ilegalmente a los campesinos aumentó un 5 por ciento en los cinco primeros meses de 2006, mientras que en la última década fueron 8 millones de hectáreas de cultivos las requisadas (un 5 por ciento del total de cultivos).
El descontento entre los cerca de 700 millones de campesinos pone en peligro una estabilidad política que se mide en protestas: 87.000 en 2005, con un incremento del 6,6 por ciento con respecto a 2004.
A la luz de estos datos, la agencia oficial Xinhua difundió un informe crítico e inusual sobre los campesinos chinos, que si hace 60 años fueron la base de la revolución comunista, hoy son los olvidados por una feroz economía de mercado.
En la década de 1950 se produjo un proceso de colectivización de la tierra sin precedentes en la historia del país con la que los derechos de los campesinos quedaron protegidos frente a los “propietarios burgueses”.
La desmantelación de estas comunas produjo en la década de 1980 un aumento considerable de la productividad agrícola, que había descendido bastante en tiempos de la colectivización, mediante los “contratos de responsabilidad a grupos domésticos”.
La tierra, que pertenece al Estado, empezó a arrendarse a los campesinos en los noventa por periodos de 30 años, pero éstos no tienen derecho a usarla como aval para pedir un crédito ni venderla, y además son expropiados por las autoridades locales ilegalmente.
“Muchos campesinos chinos se sienten expulsados de su propia tierra, que antes era el fruto de la revolución”, señala Xinhua.
El gobierno central endosa el problema a las autoridades locales, a las que acusa de corruptas.
“Las autoridades locales pueden realojar de forma arbitraria e impredecible (a los campesinos), o vender la tierra a una inmobiliaria sin el consentimiento del campesino”, señala Han Jun, responsable de Agricultura del centro de Investigaciones del Consejo de Estado (ejecutivo).
“En teoría, la tierra rural es de propiedad ‘colectiva’, pero no está claro si esto significa que es de los residentes o del gobierno local, que puede ejercer estos derechos colectivos en nombre de los campesinos”, añade Han.
“Los cuadros locales consiguen grandes ganancias expropiando la tierra a un bajo coste o sin compensarla y vendiéndola a un precio de mercado”, explica.
Además de las expropiaciones, los campesinos chinos se enfrentan a problemas graves de pérdida de tierra arable, carencia de agua potable y sequías.
Más de 300 millones de residentes rurales no tienen acceso al agua potable, mientras un gran número de reservas están contaminadas con fluorina, arsénico, sal y parásitos como el Schistosoma, que transmite la esquistosomiasis.
La sequía ha afectado este año a cerca de 18 millones de campesinos y a 11,13 millones de hectáreas; mientras que la tierra arable (que es inferior al 14 por ciento de la superficie del país) se redujo desde los 130 millones de hectáreas en 1996 hasta los 122 millones actuales debido a expropiaciones y a la desertización.
Más de 100 millones de campesinos han tenido que trasladarse a las áreas urbanas del este en la última década, donde son explotados en maquilas, en el sector de la construcción e incluso en el de la prostitución, según un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad publicado hoy.
La dramática situación de estos desheredados podría mejorar con la aprobación de la Ley de Derecho Real sobre la Propiedad, que se debatió esta semana en el legislativo de cara a su aprobación en la próxima reunión anual (marzo 2007).
La ley ha sufrido cinco modificaciones y se ha enfrentado a la oposición de los socialistas más recalcitrantes, que creen que empeorará la situación del campesinado.
Sin embargo, facciones del gobierno e intelectuales la consideran un marco clave para precisar los derechos sobre la tierra que frenará la corrupción y las expropiaciones.
La quinta enmienda equiparará los derechos sobre propiedades privadas y públicas por primera vez en 60 años, y especifica que el derecho del campesino sobre la tierra es un “usufructo” que permite disfrutar de sus beneficios durante 30 años.
Pero el borrador ha despertado críticas porque no garantiza que el campesino pueda usar la tierra como aval para pedir un crédito o para venderla, lo que incrementaría el valor de la tierra, una opción que se incluía en el primer borrador de 2005.
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