EN VIVOSigua al minuto la jornada del 9-N con ELMUNDO.es.
CATALUNA Desafío soberanista El Govern oculta el coste del operativo
El Govern iba a destinar 8,8 millones de euros para organizar la consulta original
La única adjudicación dada a conocer es la campaña publicitaria: 107.000 euros
VÍCTOR MONDELO
El secretismo impuesto por Artur Mas para intentar burlar al Tribunal Constitucional (TC) también se ha materializado a través de la ocultación sistemática de las partidas presupuestarias destinadas a organizar la consulta y movilizar a los votantes.
El Govern se ha negado a comunicar los fondos que destinará para celebrar esa macroencuesta en la que ha acabado convertido el 9-N. La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, rehusó ofrecer la cifra en la presentación del operativo. Se limitó a decir que el coste sería «similar» al montante previsto en los presupuestos de 2014 para la consulta, es decir alrededor de cinco millones de euros. Este diario volvió a requerir la cifra exacta esta misma semana, pero el Ejecutivo catalán declinó detallarla.
El Govern iba a destinar 8,8 millones de euros para organizar la consulta original. Más de la mitad -4,7 millones- se dedicarían a gratificar a los miembros de las mesas de votación y los trabajadores de la Administración movilizados, entre ellos los Mossos d'Esquadra. Aunque el dispositivo policial se mantendrá con más de 6.900 agentes repartidos por el territorio catalán para «garantizar la seguridad ciudadana», los 40.000 voluntarios que coordinarán la consulta no recibirán pago alguno por su trabajo. Entre ellos hay 7.000 funcionarios que, aunque desarrollarán las tareas de más responsabilidad, trabajarán altruistamente, porque lo contrario los abocaría a cometer una ilegalidad dada la suspensión del TC que pesa sobre la consulta.
La Generalitat tampoco está dando publicidad a la contratación que sus departamentos vienen realizando para organizar el 9-N. Un ejemplo evidente es el de la fabricación de las urnas y papeletas que fueron fabricadas por presos de la cárcel leridana de Ponent, según se admitió. El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), la empresa pública dependiente del Departamento de Justicia que promueve la reinserción de los reclusos, asumió el encargo pero ni el CIRE ni Justicia han publicado la información el expediente de contratación, como es preceptivo.
La única adjudicación dada a conocer tiene que ver con la campaña publicitaria de la consulta que fue suspendida: 107.000 euros.
Otra muestra evidente de la ocultación es el respaldo económico que los ayuntamientos catalanes están ofreciendo. Al margen de la cesión gratuita de locales para votar, muchos municipios han habilitado un servicio de autobús para conectar los colegios electorales sin coste alguno para los votantes. Y una buena parte lo camufla. Es el caso del de Martorell, que sostiene que los autobuses circularán gratuitamente «para facilitar la movilidad de los usuarios» u otros, como el de Igualada, en el que han decidido declarar el domingo «día del transporte público» para justificar la gratuidad de los billetes.
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