lunes, 17 de noviembre de 2014
La Fiscalía investiga a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas
Anticorrupción cita en secreto a altos cargos de Energía del PSOE por no reclamar dinero cobrado de más. La abogacía del Estado señaló el “enriquecimiento injusto”
Cronología de una deuda multimillonari
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a tomar declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscalía ha llamado a declarar en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía, según fuentes conocedoras de la investigación. La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.
El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a ecologistas y consumidores, denunció en Anticorrupción la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC.
Aunque la denuncia parecía dormir en un cajón, hace unos dos meses comenzaron a llegar citaciones a responsables de la época. Según fuentes conocedoras de la investigación, hace un mes declararon como testigos Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz. Lo hicieron ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia, quien no ha querido comentar la noticia.
Tres abogados del Estado y un exdirector general han sido citados
El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer. El Ejecutivo se comprometía a abonarles una remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticó mientras estuvo en la oposición.
El sistema funcionó más o menos como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación.
Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían cobrado de más". Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, según lo que se considere a restituir.
En 2010 prescribió la posibilidad de que el Ejecutivo pidiera el cobro
Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".
El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.
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