el abuelo desvió El dinero antes de morir
La Policía sitúa el origen de la herencia del clan Pujol en la 'caja B' de Banca Catalana
La herencia que la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol escondía en Andorra desde hace 34 años tendría su origen en fondos que su padre, Florenci Pujol, habría “desviado de Banca Catalana antes de la quiebra de la entidad”. Así lo aseguran fuentes policiales conocedoras de las investigaciones que está realizando la UDEF sobre el patrimonio del clan Pujol. El objetivo de la confesión que realizó el histórico dirigente de CiU el pasado 25 de julio no sería otro, según los expertos preguntados, que atribuir toda la fortuna acumulada en el exterior por su familia a los rendimientos generados a partir de esa herencia, tratando de esquivar así la acusación por blanqueo de capitales, un delito castigado con hasta seis años de cárcel.
En el momento de la confesión, cinco miembros del clan –la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y cuatro de sus siete hijos, Oriol, Marta, Mireia y Pere– acababan de regularizar mediante declaraciones complementarias 4 millones de euros que, según el expresidente catalán, habrían sido cedidos por su padre Florenci en 1980, sólo unos meses antes de su muerte y dos años antes de que estallara el caso Banco Catalana con la intervención de la entidad por parte del Banco de España.
Según fuentes cercanas a la investigación preguntadas por El Confidencial, “ese dinero legalizado ahora salió de la caja B de Banca Catalana”, la entidad creada por el propio Florenci y de la que su hijo Jordi llegó a ser consejero. La investigación judicial de la quiebra iniciada por la Fiscalía General del Estado en 1984 permitió acreditar que los responsables de la entidad habían creado una contabilidad paralela que fue utilizada para realizar operaciones financieras ruinosas para la institución. Asimismo, las pesquisas dirigidas por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena lograron demostrar que, entre 1974 y 1976, los directivos de Banca Catalana autorizaron el pago en dividendos de 516 millones de pesetas (3,1 millones de euros) pese a que la entidad ya acumulaba en esos momentos un déficit superior a los 1.086 millones de pesetas (6,5 millones de euros).
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