Cuánto nos están costando el despilfarro y los errores de los políticos?

"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Esta frase de Groucho Marx se puede aplicar a las decisiones en materia económica que los sucesivos Gobiernos de España han tomado en los últimos años. Cuando la economía española era boyante, el despilfarro fue la nota dominante. Más de 120.000 millones destinados a actuaciones que hoy se demuestran más que cuestionables.


Al calor de la bonanza económica y con los votos en el horizonte más próximo, los políticos españoles se apuntaron al derroche, deseosos de figurar en la fotografía de inauguración del puente de turno, la rotonda, la estación de Ave, el parque eólico, la acera, la desaladora o el aeropuerto que llevaría a Teruel o Badajoz, por poner dos ejemplos, a millones de pasajeros.

La realidad actual, con cinco años de crisis a las espaldas, constata que muchas de aquellas ingentes inversiones, que en la mayoría de los casos se hicieron con el entusiasta apoyo de la ciudadanía, han resultado un despilfarro, tanto desde el punto de vista de la utilidad como de la rentabilidad. Sirva como ejemplo el sistema eléctrico español, que consta de más de 107.000 megavatios (MW) instalados y, sin embargo, el pico de demanda en los últimos meses rara vez supera los 30.000 MW. Más aún, el récord histórico se sitúa en 45.450 MW, registrados en diciembre de 2007.
EL SISTEMA FINANCIERO
El descontrol en las políticas económicas se fraguó en todos los niveles, estatal, autonómico y local, y afectó a todo tipo de sectores. El mayor error, por los efectos sobre el conjunto de la economía, fue sin duda la gestión de las cajas de ahorros, cuyos órganos de dirección estaban repletos de políticos y sobre los que tenían una influencia principal los gobiernos autonómicos.
En total, el sistema financiero español ha requerido ayudas por más de 55.000 millones de euros, tanto del FROB como de los fondos aportados por Bruselas. Bankia, resultado de la fusión de nueve cajas de ahorros, es el mayor exponente de la mala gestión, con un rescate que en conjunto suma 23.465 millones de euros.
Tras tres reformas financieras, el proceso de reestructuración del sistema bancario español afronta su fase final, pero aún hay incertidumbres y problemas por resolver. El Gobierno tiene colchón, puesto que solicitó ayuda a la Comisión Europea por hasta 100.000 millones de euros.
EL SECTOR ENERGÉTICO
La creciente morosidad es uno de los mayores desafíos de la banca española. Si la inmobiliaria es la mora que más preocupa, en ciernes hay otras, como la de los miles de inversores fotovoltaicos que se han visto sacudidos por las decisiones de los gobiernos en los últimos años. El sector de las renovables, incluidas también la termosolar y la eólica, acumula una deuda de 20.000 millones de euros con las entidades financieras españolas, según los cálculos de las patronales verdes.
El de las renovables es un asunto espinoso, con tintes ideológicos –como ocurre con la nuclear–. La última reforma energética incluyó un severo recorte para la retribución de las energías renovables que todavía no se ha concretado. Un hachazo que el Gobierno estima imprescindible para poder cuadrar las cuentas del sistema eléctrico, que arrastra un agujero estructural, el denominado déficit de tarifa –invento del exministro Rodrigo Rato-, de más de 26.000 millones de euros.

Esta deuda se produce porque los costes son inferiores a los ingresos. Entre los primeros se incluyen las primas a las renovables, que en 10 años han recibido más de 43.000 millones de euros. La apuesta de José Luis Rodríguez Zapatero por las energías limpias hace que hoy España sea líder mundial en termosolar, una de las tecnologías más caras. El crecimiento de los megavatios verdes coincidió con el de otras fuentes, como los ciclos combinados, que con requirieron inversiones de más de 13.000 millones y hoy están prácticamente parados debido a la escasa demanda.
Y es que, como se ha mencionado, la red eléctrica de España tiene una potencia instalada de más de 107.000 MW, cuando el consumo durante los últimos meses se encuentra en el entorno de los 30.000 MW. Es decir, casi una cuarta parte no se utiliza. Los ciclos, además, cobran por servir de respaldo al sistema, nada menos que 1.500 millones de euros. Ahora el Gobierno pretende hibernar algunos para ahorrar costes.
AEROPUERTOS, AVE, AUTOPISTAS…

Pero si el derroche en el sistema eléctrico ha sido grande, no lo ha sido menos el acontecido en las infraestructuras de España. Nuestro país es el segundo del mundo con más kilómetros -2.230- de líneas ferroviarias de alta velocidad, sólo por detrás de China. Un puesto que se ha logrado con enormes inversiones que en muchos casos no han sido rentabilizadas. Prueba de ello es que algunas líneas, como la que une Albacete y Cuenca, han sido suspendidas, o que Renfe haya adoptada una estrategia comercial de bajada de precios para atraer viajeros.
Más grave es el despilfarro que los alcaldes y presidentes autonómicos de turno realizaron con los aeropuertos. León, Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Albacete… Son muchas las ciudades con infraestructuras aeroportuarias que hoy apenas tienen actividad. De los 54 aeropuertos que hay en España, tan sólo diez son rentables. La deuda de Aena, el gestor aeroportuario que engloba a la mayoría de aeródromos (no a los privados de Ciudad Real o Castellón), asciende a 12.000 millones. Todo ello después de haberse acometido inversiones de varios miles de millones de euros para su construcción.
Otro de los despropósitos más sonados de los últimos años es el de las autopistas. Hay 9 vías en suspensión de pagos y el Gobierno estudia si crear un vehículo para aglutinarlas y refinanciar su deuda, que asciende a 4.000 millones de euros. Estas infraestructuras requirieron para su construcción una inversión conjunta de casi 5.600 millones para las sociedades concesionarias que se las adjudicaron.
Entre las autopistas en quiebra destacan las 4 radiales de Madrid, que nunca han conseguido el volumen de tráfico esperado cuando se construyeron. Además, en algunos casos, las las expropiaciones costaron más que la propia construcción de la carretera.
En general, la obra pública en España se desorbitó en los años de bonanza, con los políticos ansiosos por conquistar los votos con actuaciones faraónicas pero innecesarias. Ya lo dijo Nikita Kruschev: "Los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río". Ahora bien, aquellas infraestructuras también favorecieron la creación de cientos de miles de puestos de trabajo y, en consecuencia, riqueza para el país.
EL PLAN E
Dentro de dicha obra pública cabría incluir el llamado Plan E, una de las ideas que ha salido más cara al Estado en los últimos tiempos. Bajo esa denominación se encuadran cientos de obras que se realizaron en los años 2009 y 2010 a través del Fondo de Inversión Local y el Fondo de Sostenibilidad. Entre ambos, se gastaron 12.110 millones de euros en proyectos que no siempre fueron necesarios.
Un informe del Tribunal de Cuentas señala que la mayor parte de estas obras, el 81%, se realizó sin un estudio previo sobre su necesidad y en buena parte de los casos, los criterios. Tampoco resultaron especialmente prácticos los 37 millones de euros dedicados a los carteles obligatorios que el Gobierno exigía ubicar al lado de las obras.
Además, el estudio indica que dieron trabajo a poco más de 200.000 parados, que apenas estuvieron 3 meses de media en sus nuevos puestos. Teniendo en cuenta el coste de las obras, el tiempo medio de trabajo y el número de empleados contratados, el Tribunal calcula que cada empleo suponía unos 13.000 euros al mes.
Todo ello ha hecho del Plan E una de las iniciativas más populares del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos casos han sido especialmente llamativos. Por ejemplo, la abandonada Prisión de Fátima (Córdoba) fue rehabilitada para albergar un centro social que nunca se terminó. También es famoso el caso de Moboma (Soria), donde el ayuntamiento se gastó 1.500 euros en el cartel con el que anunciaba una inversión de 3.459 euros, o el Centro Joven de Albacete, que se finalizó en 2011 y no se ha inaugurado hasta este año.
LAS DESALADORAS
Abundan por tanto las infraestructuras infrautilizadas. Así ocurre con las desaladoras que auspició Zapatero, cuyas inversiones se sitúan en el entorno de los 2.000 millones. Sin embargo, su utilización es escasa, de apenas el 20% de su capacidad.
Son derroches que han participado de la quiebra del modelo económico, cuyos agujeros tienen que tapar los ciudadanos, ya sea vía impuestos, subidas de la luz, menor número de frecuencias, peajes en las autopistas… Y todo ello, se añade la existencia del Estado de las Autonomías una losa adicional, generadora de duplicidades, que supone un sobregasto de 24.000 millones, según un estudio realizado por el economista y dirigente de UPyD, Luis de Velasco.


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