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Agricultura miente: no hubo interlocución con las asociaciones de consumidores en la 'ley mordaza'
El grupo popular en el Congreso coló la enmienda que intenta impedir que se destapen fraudes alimentarios después de que el Consejo de Consumidores y Usuarios hubiera valorado el texto en su redacción anterior.
FACUA.org - España - 06/06/2013


FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente miente al afirmar que "se ha mantenido una interlocución fluida" con las organizaciones de consumidores en la elaboración de la ley mordaza con la que se pretende impedir que se destapen fraudes alimentarios.

El Ministerio ha emitido un comunicado en respuesta a las críticas de FACUA, OCU y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) -en el que participan ambas junto a otras nueve organizaciones- a la disposición adicional tercera al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (ver página 108 del archivo).

En la nota de prensa, Agricultura afirma que "en el proceso de elaboración, el texto ha recibido cientos de alegaciones y se ha mantenido una interlocución fluida con todos los sectores afectados, incluidas las organizaciones de consumidores".

Pero en realidad, el grupo popular en el Congreso coló la enmienda que convierte la norma en una ley mordaza después de que las asociaciones que forman parte del CCU hubieran valorado el texto en su redacción anterior.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el texto ha sido remitido a la Comisión de Agricultura del Senado, a cuyos miembros el CCU ha enviado una resolución en contra de la modificación normativa en la que advierte de su inconstitucionalidad.

FACUA advierte que con la enmienda del PP, se prohibiría la difusión de estudios y análisis comparativos de productos alimenticios si no cumplen unos requisitos que resultan totalmente desproporcionados, aunque hayan sido elaborados con total rigurosidad. Tras la medida está el lobby de la gran industria de la alimentación, señala la asociación.

Quieren impedir que trasciendan los fraudes y peligros alimentarios

De esta forma, denuncia, se busca retrasar o impedir que organizaciones de consumidores, medios de comunicación y en definitiva cualquier persona física o jurídica den a conocer los fraudes en el etiquetado y peligros para la salud que detecten en alimentos.

Y es que el Gobierno podría ordenar el secuestro de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios o su eliminación de las páginas web de quienes los elaborasen, además de aplicar duras multas por difundirlos.

Así, escándalos alimentarios como el de la carne de caballo permanecerían en secreto. De hecho, el Gobierno y las comunidades autónomas han ocultado en qué marcas han detectado este fraude tras los análisis realizados a instancia de la Comisión Europea.

La medida es claramente inconstitucional, ya que atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores, denuncia FACUA.