viernes, 7 de junio de 2013



Los expertos del Gobierno proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis

El 'comité de sabios' propone dos fórmulas que se traducen en menores prestaciones

El informe final deja en manos del Gobierno la decisión política sobre su uso

 


 

A punto de acabar su informe sobre la reforma de pensiones, la mayoría de los 12 expertos se inclinan por consagrar legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más bajas.
Ya hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Lo tienen casi listo y hoy, en la reunión que mantendrán, puede quedar cerrado. Consistirá en un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Así figura en el “borrador, pendiente de los últimos ajustes”, de 43 páginas fechado el pasado 4 de junio, la versión casi definitiva del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.
El informe final de los expertos, que probablemente no será asumido por todos los miembros del grupo, se entregará al Ejecutivo una vez se ultime, probablemente hoy. No es descartable, sin embargo, una prórroga de unos días más. Cuando lo reciba, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.

Una reforma para pensiones presentes y futuras

La principal novedad de la reforma que se avecina, según propone el borrador al que ha tenido acceso este diario, es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará que que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).
La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 añso ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.
El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Para que eso no suceda, el borrador aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención la fórmula y leído el borrador se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.
De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un perido transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

LEER MAS: EL PAIS.

mamapidice: reunidos mi familia y yo expertos en economia domestica, hemos propuesto lo siguiente: en tiempo de crisis, los politicos de turno y los que no lo son, debe rebarse su sueldo a mil euros. Co n lo que nos han robado ya tienen sufuciente para ir tirando. Deben trabajar hasta los 70 años. Eso de cobrar la pesion con solo 7 años de COTIZAR debe ACABARSE.!!!! Se les debe quitar las tarjetas visa oro.Fuera tambien los coches oficiales, las comidas de mas de 12 euros por persona y los hoteles de 5 estrellas. Con 3 estrellas ya es mas que suficiente. RESUMIENDO, que se ajusten el cinturon como quieren que nosotros lo hagamos. De este modo seguro que salimos adelante. NO ES JUSTO QUE SIEMPRE PAGUEMOS LOS MISMOS!!!!!

TAMBIEN ELLOS NOS MIENTEN!!!


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Agricultura miente: no hubo interlocución con las asociaciones de consumidores en la 'ley mordaza'
El grupo popular en el Congreso coló la enmienda que intenta impedir que se destapen fraudes alimentarios después de que el Consejo de Consumidores y Usuarios hubiera valorado el texto en su redacción anterior.
FACUA.org - España - 06/06/2013


FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente miente al afirmar que "se ha mantenido una interlocución fluida" con las organizaciones de consumidores en la elaboración de la ley mordaza con la que se pretende impedir que se destapen fraudes alimentarios.

El Ministerio ha emitido un comunicado en respuesta a las críticas de FACUA, OCU y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) -en el que participan ambas junto a otras nueve organizaciones- a la disposición adicional tercera al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (ver página 108 del archivo).

En la nota de prensa, Agricultura afirma que "en el proceso de elaboración, el texto ha recibido cientos de alegaciones y se ha mantenido una interlocución fluida con todos los sectores afectados, incluidas las organizaciones de consumidores".

Pero en realidad, el grupo popular en el Congreso coló la enmienda que convierte la norma en una ley mordaza después de que las asociaciones que forman parte del CCU hubieran valorado el texto en su redacción anterior.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el texto ha sido remitido a la Comisión de Agricultura del Senado, a cuyos miembros el CCU ha enviado una resolución en contra de la modificación normativa en la que advierte de su inconstitucionalidad.

FACUA advierte que con la enmienda del PP, se prohibiría la difusión de estudios y análisis comparativos de productos alimenticios si no cumplen unos requisitos que resultan totalmente desproporcionados, aunque hayan sido elaborados con total rigurosidad. Tras la medida está el lobby de la gran industria de la alimentación, señala la asociación.

Quieren impedir que trasciendan los fraudes y peligros alimentarios

De esta forma, denuncia, se busca retrasar o impedir que organizaciones de consumidores, medios de comunicación y en definitiva cualquier persona física o jurídica den a conocer los fraudes en el etiquetado y peligros para la salud que detecten en alimentos.

Y es que el Gobierno podría ordenar el secuestro de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios o su eliminación de las páginas web de quienes los elaborasen, además de aplicar duras multas por difundirlos.

Así, escándalos alimentarios como el de la carne de caballo permanecerían en secreto. De hecho, el Gobierno y las comunidades autónomas han ocultado en qué marcas han detectado este fraude tras los análisis realizados a instancia de la Comisión Europea.

La medida es claramente inconstitucional, ya que atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores, denuncia FACUA.

jueves, 6 de junio de 2013

cafetería, Congreso, gintonics


Publicado por Eva Belmonte en presupuestos

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■El servicio de restauración sigue licitado por un millón al año
 ■En La Moncloa está prohibido el alcohol de alta graduación

Durante los últimos días, la polémica de los mal llamados gintonics subvencionados del Congreso ha copado portadas, debates y chascarrillos. Ante la presión popular, la mesa del Congreso decidió el martes eliminar las bebidas alcohólicas -excepto vino y cerveza- de los precios máximos que marcan los pliegos de licitación del servicio de cafetería. La empresa que consiga la adjudicación, pues, no tendrá un límite para marcar el precio de los combinados. Pero esta medida sólo es estética: con gintonics o sin ellos, el servicio costará un millón de euros al año.

Este tipo de contratos de restauración en edificios públicos contiene dos partes, relacionadas entre sí. Por un lado, la  administración pública establece un precio por servicios generales, en este caso “puesta en marcha y mantenimiento del servicio”. Es es lo que el Congreso pagará, como máximo, a la empresa que se haga con la cafetería, que para el Congreso es de 1.050.000 euros al año. Esta cantidad es la que debe compensar a la compañía para fijar unos precios de venta al público más asequibles que los que ofrecería en un bar en plena calle. En todo caso, no se trata de una subvención directa por copa, sino de una compensación por el servicio global que establece, vinculados, unos límites de precio.

El BOE recoge hoy la modificación de los pliegos, publicada íntegra en la web del Congreso, en los que se suprime el apartado “refrescos, cervezas, aperitivos y bebidas alcohólicas” de las características del contrato. Pero el precio de licitación, lo que el Congreso ha presupuestado que pagará a la empresa adjudicataria por el servicio, no se ha modificado, con lo que la medida de Jesús Posada no supone ningún ahorro.

El gasto de la cafetería del Congreso a las arcas públicas dependerá de las ofertas que realicen las empresas que se postulen para el servicio, que ahora tendrán libertad para establecer los precios de los gintonics. ¿Les hará bajar el precio la supresión concreta de los combinados en los pliegos? Depende exclusivamente de ellas. Pero el tope de gasto que marca el Congreso por el servicio global no se ha modificado ni un céntimo.

Un contrato similar, por ejemplo, es el que regula el servicio de restauración en La Moncloa. Por un lado, el Gobierno establece un precio por atención y limpieza de las cafeterías de 1.688.924,15 euros por cuatro años y, por el otro, marca precios máximos para los menús, pinchos, cañas o cafés. El primero compensa el segundo, como ocurre en la cafetería del Congreso. La diferencia es que en La Moncloa están prohibidas las bebidas alcohólicas, excepto vino y cerveza.

Eso sí, el café del Congreso (0,85 euros máximo) será más barato que el de la Moncloa (un euro).

lunes, 3 de junio de 2013

Pecados sin penitencia


Un seguro contratado por Cajasur permitirá evitar el pago de la mayoría de las multas impuestas a sus consejeros
Alfonso Alba/ Córdoba/ 31 may 2013

Mucho antes de la intervención por parte del Banco de España, todos los consejos de administración de Cajasur estuvieron blindados por un seguro de responsabilidad civil. Este seguro, firmado con la entidad Caser, protegía totalmente a los cargos ejecutivos que pudieran ser sancionados económicamente por el Banco de España y se hacía cargo de un 60% de las sanciones que podrían recibir los vocales del consejo de administración. Además, Caser estableció un tope a pagar: sólo cubriría un máximo de 1,6 millones de euros en multas. En total, el Banco de España ha impuesto 2,41 millones de euros en sanciones a 38 exconsejeros y directivos de la caja de ahorros.

Fuentes del ex consejo de administración de la entidad han asegurado que Caser estaba a la espera de ver qué decía la Audiencia Nacional sobre las multas que han recibido todos los ex directivos de Cajasur desde 2004 hasta 2010 por la gestión de la caja. Y la Audiencia Nacional ya ha dicho que nones. De momento, ha ratificado punto por punto las sanciones a 14 de los 38 exconsejeros que han llegado hasta esta instancia judicial: el exvicepresidente y sacerdote Fernando Cruz Conde, el exdirector general José Ruiz, 11 cargos nombrados por PSOE e IU, y uno elegido por el PP, Juan Ojeda.

Las mismas fuentes, pese a contar con el respaldo de este seguro, aseguran que no las tienen todas consigo y que entienden que la compañía peleará hasta el último momento para evitar el abono de la indemnización que, sin embargo, no es total. De hecho, y según ha podido saber este periódico, ya hay al menos dos exvocales de Cajasur que no estarían cubiertos al 100% por este seguro y han tenido que hipotecar sus domicilios para poder hacer frente al pago de las multas.

La contratación de este seguro de responsabilidad civil no es nada nuevo. De hecho, ya se llegó a abonar una multa firme que el Banco de España impuso en el año 2006 al presidente de CajaSur, Miguel Castillejo, y a su director general Francisco Jurado. Le cayeron 50.000 euros a cada uno. La multa para el resto del consejo de administración fue de 5.000 euros. Entonces la sanción fue por incumplir la contabilidad y la estabilidad financiera.

“TODO SE PODÍA HABER EVITADO”

Por otra parte, el exvicepresidente de Cajasur Salvador Blanco, también sancionado y defensor de los consejeros que votaron a favor de la fusión con Unicaja para evitar la intervención del Banco de España, ha asegurado que “todo se podía haber evitado”. “Nos hubiéramos evitado muchos sufrimientos y fundamentalmente la opción que defendíamos hubiera sido mejor y CajaSur hoy existiría en una nueva entidad con Unicaja y Caja Jaén”. Sin embargo, lamenta, “la mayoría del consejo no lo entendió así y nos ha arrastrado al resto a que nos veamos con las sanciones impuestas”.

En cualquier caso, comenta que los consejeros que votaron a favor de integrar a la caja cordobesa con la malagueña Unicaja tienen “la conciencia tranquila”, pues, “defendimos en todo momento lo que creíamos que era mejor para la entidad y para Córdoba, pero la mayoría creyó otra cosa y la desgracia es que ha arrastrado a todo el consejo”, ha insistido Blanco, quien apunta que “no hay antecedentes en la historia de que un consejo de administración vote y pida que intervengan a una entidad”.

FUENTE: Andaluces.es










domingo, 2 de junio de 2013

El Tribunal de Cuentas lleva cinco meses sin atender la petición del Congreso de auditar a los partidos


La comisión mixta del Congreso instó a la institución a fiscalizar las cuentas de 2008 a 2011 "en el menor plazo de tiempo posible" en diciembre de 2012
El director del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez, se ha marcado terminar los balances de 2008 a finales de junio y los otros tres años en diciembre
El Tribunal de Cuentas realizó la última fiscalización en 2007. Ese año la ley se cambió para que la institución pudiera controlar mejor las donaciones y subvenciones de las formaciones
PP, UPyD e IU tienen en sus webs los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias que han remitido al Tribunal de Cuentas. El PSOE solo tiene la estimación del presupuesto para 2013
 28 de Mayo del 2013



El Tribunal de Cuentas tiene en su poder desde principios de año toda la información económica sobre los partidos políticos de los últimos cuatro años. El pasado 18 de diciembre la comisión mixta del Congreso acordó que las cuentas de las formaciones políticas estuvieran lo antes posible revisadas por la institución pública. Después, cada organización debía publicarlas en su web. El mes de mayo se acaba y ni si quiera hay un informe sobre los balances de 2008.
El retraso del Tribunal de Cuentas es grande. Desde la institución aseguran que a finales de junio publicaran las de 2008 y que “antes de que finalice el año tendremos las de 2009, 2010 y 2011”. El presidente, Ramón Álvarez de Miranda, también lo anunció a principios de mes. Medio año para un solo ejercicio y otros seis meses para analizar las cuentas de los últimos tres años de las formaciones políticas de España. Una gesta difícil.
Todos los partidos políticos han mandado sus cuentas al Tribunal en el plazo establecido. Ahora es el turno de los funcionarios. Tienen 217 días para analizar gastos, donaciones o subvenciones. En definitiva, cientos de números que deben cuadrar.
Transparencia por bandera
Los partidos políticos llevan meses enarbolando la bandera de la transparencia. Las formaciones han colgado en sus webs los balances que sus departamentos financieros han elaborado. Por ahora son provisionales a la espera del informe del Tribunal de Cuentas, pero están publicados. En el portal del Partido Popular, por ejemplo, se pueden comprobar los informes anuales de 2008 a 2011. De una forma bastante escueta, la formación detalla que en 2011 gastó más de 25 millones de euros en salarios y recaudó 2,1 millones de euros por donativos, sin desglosar cuánto recibió cada trabajador ni las partidas. Al contrario de lo que acordó la comisión en diciembre. La resolución habla claramente que el informe debe hacer referencia en la partida de donaciones a “los datos concretos que permitan la identificación del donante y el importe recibido." El balance publicado en su web es mucho más simple, donde no se recoge esta información. Un balance tipo para salir del paso.
Las cuentas del PSOE son difíciles de encontrar. De hecho, no están. Lo único que aparece es el presupuesto que la organización ha estimado para 2013. (Cuando este artículo se ha cerrado la web había quitado ese presupuesto). Las partidas de gasto de personal del Presupuesto Ordinario del PSOE asciende a más de cinco millones de euros. Al igual que el del PP no hay ni rastro de ningún tipo de desglose. Por el contrario, la web de Izquierda Unida (IU), en su sección de “transparencia” publica las cuentas de pérdidas y ganancias y el balance de situación. Desde 2008 a 2012, estas últimas provisionales, se puede comprobar que la formación recibió 1,8 millones de euros entre subvenciones y donativos. Pero, una vez más, no se desglosa las partidas.
El caso más significativo es el de UPyD. La formación magenta publica en su web las memorias financieras desde el ejercicio 2008. La que hace referencia al 2011 consta de 23 páginas donde explican con detalle lo que han gastado en personal- 782.713 euros- repartidos entre 29 empleados. Además, percibieron 4,8 millones de euros entre subvenciones y donaciones.
El Tribunal de Cuentas suele recibir las cuentas de las formaciones después del verano del año posterior al que tienen que analizar. Es decir, a partir de septiembre de este año deberían empezar a revisar las cuentas del ejercicio 2012, pero el retraso va a aumentar.
Las últimas informaciones financieras sobre los partidos políticos publicadas por el Tribunal de Cuentas son de 2007. Ese año, la ley de financiación de los partidos políticos se modificó para que la institución pública pudiera controlar mejor las donaciones a los partidos. La ley se cambió, de nuevo, en el 2012 para detallar con mayor precisión quiénes eran los donantes y las partidas que daban. Ahora sólo queda comprobar si los plazos marcados por el Tribunal de Cuentas se cumplen y, lo más importante, si los partidos son tan transparentes como dicen ser.